A Claudia Sheinbaum Pardo le tocó percatarse de las manifestaciones del movimiento estudiantil de 1968 cuando apenas acariciaba los seis años de edad, pues sus padres, Carlos Sheinbaum Yoselevitz y Annie Pardo Cemo, supuestamente participaron como activistas en un bloque de maestros.

Este 2 de octubre se cumplen 58 años de la represión en la Plaza de las Tres Culturas --sita en Tlatelolco--, por lo que (seguramente) ella dedicaría unas palabras sobre ese acontecimiento que ensangrentó a México.

Y, aunque los culpables de ese genocidio nunca fueron castigados, la opinión pública sigue pidiendo justicia.

De manera oficial, advierto que de ningún modo se les fincarían cargos a Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, Luis Echeverría Álvarez y Marcelino García Barragán, quienes despachaban como presidente de México, secretario de Gobernación y secretario de la Defensa Nacional, respectivamente, cuando empezó, hizo crisis y se aniquiló la asonada juvenil.

Tampoco a los políticos y funcionarios federales (de la época) que se vieron involucrados en ese movimiento de masas, tanto como en el cruento suceso, por lo que su responsabilidad sólo habrá de permanecer en textos que, sin tomar en cuenta el veredicto oficial, han sido publicados a lo largo de más de cinco décadas.

De eso existe amplia bibliografía.

Algunas precisiones

La represión del 2 de octubre no fue, de ningún modo, todo el movimiento estudiantil de 1968.

Sí su fase más deplorable, cierto, pero nunca el alma del conflicto que, como características principales, tuvo la anarquía, la deslealtad y la traición de quienes no respetaron los acuerdos entre el Gobierno Federal y el Consejo Nacional de Huelga (CNH).

Por cierto, la insurrección juvenil la aprovecharon varios precandidatos a la Presidencia de la República, buscando así presionar al mandatario para que adelantara el rejuego sucesorio.

Entre ellos, Luis Echeverría Álvarez, Alfonso Corona del Rosal, Emilio Martínez Manautou y Marcelino García Barragán, quienes despachaban como secretario de Gobernación, jefe del Departamento del Distrito Federal, secretario de la Presidencia de la República y secretario de la Defensa Nacional, respectivamente.

Como fundamento de esta hipótesis, hay testimonios que refieren que, luego de muchos coqueteos, desaires, agresiones, vituperios, retos y una que otra mentada de madre, el Consejo Nacional de Huelga y el Gobierno Federal establecieron un puente de negociación.

Por el lado oficial: Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo; y por el CNH: Marcelino Perelló, Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba, Raúl Álvarez Garín, Anselmo Muñoz Juárez, Félix Lucio Hernández Gamundi y Florencio López Osuna.

El mediador: Fernando Solana Morales, entonces secretario general de la Rectoría; y los escenarios fueron:

La casa del rector Javier Barros Sierra, y

La residencia de Caso Lombardo.

Sin embargo, los historiadores oficialistas soslayan hablar de esas reuniones, a no ser que lo comenten en espacios cerrados o petit comité, porque entonces la manipulación que pretenden hacer de la historia ya no obedecería a las instrucciones recibidas por sus mecenas, de los que, por cierto, ya pocos quedan con vida.

La cercanía de la Olimpiada (otoño de 1968), por otra parte, sirvió de pretexto (también) a los funcionarios más interesados en la sucesión presidencial, cuando sugirieron a Díaz Ordaz acelerar el proceso de aniquilamiento del conflicto juvenil, porque, según dijeron, éste podría servir a intereses desestabilizadores.

Y los enumeraron: a) conjura internacional, b) instigación, c) complot comunista, y d) agitación profesional.

Para sustentar su recomendación represiva, los desleales burócratas arguyeron, además, que el movimiento constituía una seria amenaza para el desarrollo de los Juegos Olímpicos, pues los ojos de todo el mundo estarían sobre México y no era conveniente, de ninguna forma, que se hablara de agitación social.

Menos cuando los organizadores del evento distribuyeron pegotes en todo el país con el símbolo de éste: una paloma, significado de la paz.

Frente a la duda, el señor de Los Pinos ordenó que I) se expulsara de México a diplomáticos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); II) se estrechara la vigilancia sobre Carlos A. Madrazo y Humberto Romero Pérez, alias “El Chino” --autor del mote “El Tribilín”, impuesto a Díaz Ordaz--, porque supuestamente eran los financieros del conflicto; III) se echara del país a los líderes comunistas --aun cuando los rojos de motu proprio se largaron de México mucho antes de iniciado el movimiento--, y IV) los dirigentes del CNH fueran capturados bajo los cargos de ser agitadores profesionales al servicio del comunismo y la ultraderecha.

Mar de confusiones

Sobre el tema se han editado muchos libros --regularmente bajo la autoría de los exdirigentes estudiantiles--, pero ninguno de manera oficial, por lo que cada texto ofrece puntos de vista parciales. Y quienes los financiaron, seguramente, lo hicieron para abono de sus propios intereses.

Ya ve usted que acá en México los llamados intelectuales siempre han hecho sus propias interpretaciones del movimiento juvenil a lo largo de más de cinco décadas, pero al menos durante el conflicto nunca orientaron a los jóvenes insurrectos ni los alertaron sobre qué podría ocurrir por enfrentarse al Gobierno Federal.

Menos observaron que, atrás del movimiento, había intereses políticos.

Esto bien lo sabe la señora presidenta.

Correo: jusam_gg@hotmail.com