Ciudad de México.- La Secretaría de Economía informó que México ganó un arbitraje internacional promovido por la empresa Doups Holdings LLC, que reclamaba al país más de 600 millones de pesos por la revocación de concesiones relacionadas con la instalación y operación de parquímetros en la Ciudad de México.

La controversia comenzó en 2022 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, bajo disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Doups Holdings argumentó ser un inversionista estadounidense que, mediante la empresa mexicana Pagomet, contaba con concesiones para instalar y operar parquímetros en la capital del país.

La reclamación se originó después de que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México revocó dichas concesiones, decisión que, según la compañía, afectó sus inversiones.

Desde el inicio del procedimiento, México sostuvo que existían deficiencias relacionadas con la conformación de la filial involucrada, su nacionalidad y control, además del cumplimiento de requisitos procesales necesarios para acceder al arbitraje.

En septiembre de 2026, el Tribunal Arbitral resolvió el caso a favor de México al determinar que carecía de jurisdicción para conocer las reclamaciones de Doups Holdings, por lo que desestimó el procedimiento en su totalidad.

Entre sus conclusiones, determinó que la empresa había aceptado ser considerada mexicana respecto de su inversión, no acreditó el control de Pagomet, no podía reclamar como propias las pérdidas señaladas y tampoco cumplió requisitos establecidos en el TLCAN antes de iniciar el arbitraje.

Además de desechar la reclamación por más de 600 millones de pesos, el Tribunal ordenó a Doups Holdings pagar a México más de un millón de dólares por concepto de gastos y costos derivados del procedimiento.

La defensa del Estado mexicano estuvo encabezada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con apoyo de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.