Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tras los recientes hechos violentos registrados en el centro del municipio de Tampico, donde una mujer fue sometida y agredida públicamente por particulares bajo el argumento de una detención ciudadana, el Congreso del Estado de Tamaulipas recibió una proposición con punto de acuerdo para reforzar las estrategias de prevención del delito con enfoque comunitario y frenar los actos de linchamiento.   

La iniciativa, presentada ante la Diputación Permanente por la diputada Mercedes Guillén Vicente, plantea un firme llamado a las autoridades de seguridad pública, procuración de justicia y sectores comerciales a restaurar el orden legal y promover la cultura de la legalidad.   

Al exponer los motivos de la propuesta, la legisladora fue enfática respecto al riesgo social de este tipo de agresiones colectivas; 

“La mal llamada 'justicia por propia mano' no es justicia; es barbarie, debilita el estado de derecho y convierte a los ciudadanos en agresores, desdibujando la línea de la legalidad”.   

Si bien la congresista reconoció que “es comprensible el hartazgo de los sectores comerciales y de la ciudadanía ante conductas delictivas recurrentes como el robo a comercio”, precisó que la respuesta de la sociedad jamás puede transitar por “la ruta del linchamiento, la degradación humana o la comisión de nuevos delitos”.   

El documento exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Guardia Estatal a intensificar los patrullajes preventivos e instalar mesas de trabajo con comerciantes para la implementación de botones de alerta rápida conectados al C5. Al mismo tiempo, pide a la Fiscalía General de Justicia del Estado dar puntual seguimiento a las investigaciones por las agresiones cometidas contra particulares en el Centro Histórico de Tampico.   

Al respecto, la propuesta recalca;

“No podemos permitir que el espacio público de Tampico o de cualquier otro municipio, se convierta en un escenario de impunidad o de linchamientos mediáticos y físicos”.   

Finalmente, el exhorto requiere a las dependencias de Educación, Bienestar Social y Participación Ciudadana diseñar campañas permanentes sobre la cultura de la legalidad y los límites constitucionales de la detención en flagrancia, recordando que el marco legal prohíbe cualquier tipo de violencia física o psicológica y obliga a la entrega inmediata de los detenidos a las autoridades competentes.

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