Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada local Francisca Castro Armenta propuso castigar con seis meses a tres años de prisión a quien conduzca en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas mientras transporte a menores de edad y genere un peligro para su vida, integridad o seguridad. La iniciativa permanece en estudio en el Congreso de Tamaulipas.

La propuesta busca adicionar el artículo 316 Bis al Código Penal para el Estado de Tamaulipas y contempla, además de la pena de cárcel, la suspensión del derecho a conducir vehículos automotores hasta por un año.

El proyecto no plantea sancionar únicamente el hecho de llevar a un menor mientras el conductor se encuentre bajo los efectos de alguna sustancia. Para configurar el delito también tendría que existir un peligro concreto para la vida, integridad o seguridad del menor.

El texto propuesto establece:

“Comete el delito quien conduzca un vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo el influjo de narcóticos, psicotrópicos o cualquier sustancia que altere sus capacidades, llevando consigo a una persona menor de edad y poniendo en peligro su vida, integridad o seguridad”.

Castro Armenta argumentó que los menores que viajan como pasajeros se encuentran sujetos a las decisiones de quien conduce y carecen de capacidad para evitar el riesgo generado por el estado del automovilista.

“Depende directamente de las condiciones en que se realiza el traslado y de las decisiones adoptadas por quien conduce, por lo que no tiene posibilidad real de controlar o evitar los riesgos derivados del estado físico o psicológico del conductor”.

La iniciativa sostiene además que el consumo de alcohol afecta capacidades necesarias para manejar un vehículo, entre ellas coordinación, reflejos y percepción, elevando el riesgo cuando se transporta a menores.

“No se trata únicamente del riesgo general que representa conducir en condiciones inadecuadas, sino de una circunstancia en la que una persona que se encuentra bajo la responsabilidad del conductor puede quedar expuesta a sus consecuencias sin haber participado en la decisión de asumir dicho riesgo”.

La propuesta fue recibida por el Congreso el 21 de septiembre y actualmente se encuentra en estudio, por lo que las sanciones de hasta tres años de prisión planteadas todavía no forman parte de una reforma vigente.

El proyecto plantea la modificación como una medida preventiva bajo el principio del interés superior de la niñez, condicionando la responsabilidad penal a que coincidan tres elementos: conducción bajo los efectos de sustancias, presencia de un menor y existencia de un peligro concreto para éste.