Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya propuso al Congreso de Tamaulipas ampliar las facultades de la Secretaría de Desarrollo Energético para incorporar el fomento minero, la atracción de inversiones y el desarrollo sustentable de recursos minerales que no estén reservados a la Federación.

La propuesta implica reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para que la dependencia deje de concentrarse exclusivamente en la política energética y pueda intervenir también en la promoción económica del sector minero dentro de las atribuciones estatales.

El proyecto surge ante el crecimiento de la demanda de minerales estratégicos vinculados con la transición energética, un escenario en el que el Ejecutivo estatal considera que Tamaulipas puede aprovechar su ubicación, infraestructura logística, capacidad energética y disponibilidad de recursos minerales.

“La presente Iniciativa propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas para ampliar las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Energético”, señala el documento, al establecer que estas acciones estarán orientadas también a la sustentabilidad de las actividades relacionadas con el desarrollo minero estatal.

Entre los cambios planteados está facultar a la Secretaría para promover inversiones, establecer vínculos con empresas y coordinar proyectos entre los gobiernos estatal, federal y municipales, además de los sectores privado y social.

La iniciativa establece que la dependencia deberá “establecer, conducir y coordinar la política energética y de fomento minero del Estado”, así como promover acciones de fomento económico, inversión y vinculación asociadas a la transición energética.

Otro de los puntos relevantes es la posibilidad de gestionar recursos públicos y privados, nacionales o internacionales, destinados a proyectos energéticos y mineros. También se contempla su participación en empresas de participación estatal mayoritaria, fondos y fideicomisos relacionados con ambos sectores.

El proyecto incluye además la realización de estudios de prospección geológica e investigaciones energéticas y mineras, con el objetivo de generar información sobre las posibilidades de desarrollo del sector.

La propuesta incorpora criterios de economía circular, eficiencia energética, aprovechamiento de residuos y protección ambiental, ante el impacto que pueden generar este tipo de actividades.

El Ejecutivo sostiene que el desarrollo minero podría incidir en la generación de empleos, atracción de capital y fortalecimiento de cadenas productivas vinculadas con construcción, manufactura, infraestructura y energía.

Sin embargo, la reforma no transferiría al Gobierno de Tamaulipas atribuciones que constitucionalmente corresponden a la Federación. El propio proyecto establece que las nuevas facultades deberán ejercerse dentro de la competencia estatal y en coordinación con las autoridades federales.