Con la designación de diez candidatos gubernamentales, disfrazados como ‘coordinadores estatales de la defensa de la transformación y la soberanía’, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no sólo abre anticipadamente las etapas de precampañas y campañas (del proceso electoral concurrente 2026-27), pues igual exhibe las contradicciones de un partido que presume métodos selectivos democráticos, al mantener ‘bajo reserva’ las encuestas.

Y por eso enfrenta inconformidades internas, derivadas también de las imposiciones de personajes cuya trayectoria política es harto cuestionable.

Sin embargo, hay algo que Morena parece haber aprendido muy bien de la vieja política: cambiarles el nombre a las cosas para intentar cambiar su significado.

Ahora no se habla abiertamente de candidatos, sino de coordinadores. Pero la realidad política es mucho más sencilla: las primeras designaciones comenzaron desde agosto y, en cuestión de semanas, la llamada selección interna terminó convirtiéndose en una especie de pasarela de ‘corcholatas’, quienes, por cierto, ya recorren sus respectivos estados con un discurso de unidad, transformación y continuidad.

Detrás de esa escenografía partidista aparecen demasiadas preguntas que las encargadas del proceso selectivo, Ariadna Montiel Reyes y Minerva Citlalli Hernández Mora, no quieren responder. Entre ellas destacan: ¿dónde quedaron los resultados de las encuestas? ¿Por qué, en varios estados, los grupos inconformes han rechazado la decisión? ¿Hasta dónde pesaron las relaciones personales, los grupos políticos y la cercanía con los gobiernos locales?

Una más: ¿qué garantía existe de que las designaciones representan realmente la voluntad de la militancia, no la decisión de las estructuras que controlan el partido?

La decena

En Aguascalientes, Nora Ruvalcaba Gámez buscará, por cuarta ocasión, la gubernatura, que en 2010 obtuvo por vez primera por el PRD.

En Baja California, Julieta Ramírez Padilla fue impuesta aun cuando la gobernadora actual, Marina del Pilar Ávila, propusiera al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz. Tal definición evidenció las diferencias entre grupos morenistas y modificó el equilibrio político dentro del estado.

Campeche tendrá como candidato a Pablo Gutiérrez Lazarus —‘alfil’ de Layda Sansores Sanromán, aunque él es panista—, mientras que en Colima la candidata será Rosa María Bayardo Cabrera, pese al berrinche de Mario Martín Delgado Carrillo.

Guerrero es, quizá, uno de los ejemplos más claros de las dificultades que enfrenta Morena para definir su candidatura sin dejar heridas internas. Beatriz Mojica Morga fue elegida y su designación provocó resistencias, no sólo del grupo encabezado por Félix Salgado Macedonio, sino también por parte de otros grupos políticos que cuestionaron su trayectoria política por su relación con el exgobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero.

En Michoacán, Carlos Torres Piña fue designado coordinador, dejando en el camino a Raúl Morón Orozco. Es hombre muy cercano al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, pero su paso por la Fiscalía General de Justicia le hace sombra, pues no fue capaz de resolver el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez (alcalde de Uruapan).

En Querétaro, Santiago Nieto Castillo es conocido por su paso por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, su registro como aspirante también estuvo acompañado de polémica por haberse realizado mientras se encontraba de viaje.

En Quintana Roo, Eugenio Segura Vázquez llega con apenas 32 años de edad y con una trayectoria política mucho más corta que la de los otros contendientes. Fue secretario de Finanzas durante el gobierno de su amiga María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y posteriormente senador. Dada esa estrecha relación, precisamente, es duramente cuestionado.

En Sinaloa, Imelda Castro Castro recibió una responsabilidad todavía más complicada, pues su llegada ocurre en medio de una crisis política que ha golpeado al gobierno estatal. Después de los cuestionamientos que han rodeado a Rubén Rocha Moya, Castro ha marcado su distancia. Pero igual ha reconocido que existe el riesgo de un voto de castigo por los errores del gobierno estatal. Igual ha planteado la necesidad de recuperar la confianza ciudadana.

Finalmente aparece Zacatecas, donde Verónica Díaz Robles obtuvo la designación quizá más controvertida (de la decena) por su cercanía política y familiar con la familia Monreal Ávila.

La imposición ha generado inconformidad entre sectores de Morena y del Partido del Trabajo (PT), aumentando esa molestia porque la dirigencia no difundió los resultados ni la metodología de la supuesta encuesta que se levantó ex profeso.

Con las imposiciones, aparece uno de los grandes problemas de estas diez ‘corcholatas’: Morena exige unidad después de tomar decisiones que, en algunos casos, producen división.

Y es que la democracia no puede ser solamente un discurso.

El partido tiene derecho a definir sus candidaturas conforme a sus procedimientos internos. Lo que no puede pretender es que la sociedad acepte, sin preguntas, decisiones cuyos mecanismos permanecen parcialmente ocultos.

Si las encuestas fueron determinantes, que se conozcan. Si hubo criterios de paridad, que se expliquen. Si pesaron acuerdos políticos, que se asuman como tales.

La transparencia no debilita a un partido. Por el contrario, puede darle legitimidad.

Y justamente eso es lo que hoy está en juego.

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