La decisión de Nuevo León de hacer obligatorio, a partir de octubre, un “pase turístico” para los vehículos particulares con placas de otros estados o extranjeras que ingresen o circulen temporalmente por la entidad no es nada agradable. Aunque el Gobierno estatal lo presente como un mecanismo administrativo, gratuito y de control vehicular, la medida merece una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede una entidad federativa condicionar el libre tránsito de ciudadanos mexicanos por su territorio?

El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sujeto únicamente a las limitaciones que establezca la propia Constitución y las leyes en los términos que esta dispone. Por ello, establecer un requisito específico para que un vehículo con placas de otra entidad pueda circular temporalmente por Nuevo León puede generar, cuando menos, una seria controversia constitucional respecto del alcance del derecho al libre tránsito.

El problema no desaparece porque el trámite sea gratuito. Un requisito administrativo sigue siendo una condición para circular. Y cuando esa condición distingue al ciudadano por el simple hecho de portar placas de otra entidad federativa, surge la preocupación de que se esté creando una especie de frontera administrativa dentro de la propia República.

Más delicado resulta el precedente que esto establece para la relación entre las entidades del norte del país.

Nuevo León no es una isla. Su economía, su actividad empresarial, su mercado laboral y su vida cotidiana están profundamente vinculados con Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y, de manera muy particular, con los estados fronterizos y con Texas. Miles de personas cruzan diariamente las fronteras estatales por razones de trabajo, negocios, estudios, comercio, turismo o simplemente para visitar a familiares y amigos.

La buena vecindad entre estados no se construye únicamente mediante convenios y fotografías oficiales. También se construye eliminando obstáculos innecesarios para la movilidad de las personas.

Imponer a los vehículos foráneos un permiso temporal, con una vigencia máxima de 30 días naturales por año, introduce una barrera burocrática que puede parecer pequeña desde un escritorio, pero que adquiere otra dimensión para quienes viven en una región económicamente integrada y acostumbrada a desplazarse de un estado a otro sin tener que justificar periódicamente su presencia.

Y hay un elemento todavía más preocupante: la ausencia de un puente institucional que haya logrado detener, revisar o replantear esta modificación a la Ley de Movilidad de Nuevo León.

¿Dónde están los gobernadores de los estados vecinos? ¿Dónde están las secretarías de Gobierno? ¿Dónde está la coordinación de la región noreste? ¿Dónde está la representación de los legisladores federales de las entidades afectadas? ¿Dónde están las cámaras empresariales y los organismos ciudadanos que deberían advertir cuando una regulación local puede terminar afectando la integración regional?

No se trata de defender la ausencia de regulación ni de cuestionar la necesidad de mejorar la calidad del aire, ordenar el tráfico o contar con mecanismos de control vehicular. Es perfectamente legítimo que un gobierno busque proteger el medio ambiente y mejorar la movilidad.

Lo que resulta cuestionable es el mecanismo elegido y su posible colisión con derechos constitucionales.

Si el objetivo es ambiental, debe demostrarse que la medida es necesaria, proporcional y eficaz. Si el objetivo es de seguridad o control vehicular, debe explicarse por qué el ciudadano que llega de otro estado debe someterse a una carga administrativa que no enfrenta, en las mismas condiciones, quien tiene placas locales.

La solución tampoco debería ser enfrentar a Nuevo León con sus vecinos. Precisamente por eso hace falta diálogo institucional, aunque por el momento para los políticos haya otras prioridades. Andan encampanados, lo demás es lo de menos. Veremos.

DOS.- La incorporación de Jorge “Tico” García y Juanjo Salazar a las filas del Partido Acción Nacional representa una apuesta política por dos perfiles que conocen de primera mano el territorio y que han construido presencia a partir del contacto directo con la ciudadanía.

En política, nada es casualidad y, particularmente cuando se acercan procesos electorales, los nombres pueden generar expectativas, pero es el trabajo en territorio el que termina marcando diferencias. En ese terreno, tanto Tico García como Juanjo Salazar cuentan con una ventaja importante: han desarrollado vínculos con distintos sectores de la sociedad victorense y conocen las necesidades, inquietudes y demandas que existen en las colonias y comunidades de Ciudad Victoria.

La llegada de ambos al PAN adquiere mayor relevancia si se observa el contexto político rumbo a las elecciones venideras. Aunque todavía deberán definirse tiempos, posiciones y eventuales candidaturas, resulta inevitable que sus nombres comiencen a ser considerados dentro de los escenarios que el panismo tamaulipeco está construyendo.

Tico García llega con un activo particularmente valioso: trabajo territorial y capacidad de operación política. Juanjo Salazar, por su parte, representa también un liderazgo con presencia y cercanía social. La combinación de ambos perfiles podría convertirse en una fórmula competitiva, especialmente si logran capitalizar sus estructuras, sumar voluntades y mantener una estrategia de cercanía con el electorado.

El encuentro con la dirigencia estatal panista, encabezada por Gloria Garza y César “El Truco” Verástegui, envía además un mensaje político claro y preciso: Acción Nacional está buscando fortalecer su presencia desde los municipios y no limitar su estrategia a las estructuras partidistas tradicionales.

Ciudad Victoria será, sin duda, uno de los escenarios donde se pondrá a prueba esa capacidad de reorganización. Y si Tico García y Juanjo Salazar terminan formando parte de la fórmula que el PAN presente en la próxima contienda, llegarían no solamente con una etiqueta partidista, sino con un activo que suele ser determinante en las urnas: conocimiento del territorio, cercanía con la gente y trabajo político previo.

Todavía falta camino por recorrer y nada está escrito en materia electoral. Sin embargo, la incorporación de estos dos liderazgos modifica desde ahora el tablero victorense y abre un escenario en el que el PAN podría competir con serias posibilidades de triunfo.

En política, las elecciones se ganan el día de la votación, pero muchas veces comienzan a ganarse mucho antes, en las calles, en las colonias y con la gente. Y en ese terreno, Tico García y Juanjo Salazar ya tienen camino avanzado.

TRES.- La vinculación entre gobierno, academia y sectores productivos adquiere un valor estratégico en esta entidad, coordinación que en Tamaulipas comienza a reflejarse en una relación cada vez más estrecha entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El reconocimiento expresado por el gobernador Américo Villarreal Anaya al rector Dámaso Anaya Alvarado es también el reconocimiento a una institución que puede convertirse en uno de los principales motores del desarrollo regional, particularmente cuando el conocimiento generado en las aulas y laboratorios encuentra aplicación directa en los problemas que enfrenta la sociedad.

La UAT tiene ante sí el reto de que su capacidad académica y científica trascienda las instalaciones universitarias. La formación de nuevas generaciones de profesionistas debe estar vinculada con las necesidades reales de Tamaulipas: desde el fortalecimiento del sector agropecuario y ganadero hasta la atención de los desafíos sanitarios, ambientales, tecnológicos y sociales que enfrenta el estado.

El caso del sector pecuario resulta especialmente ilustrativo. El respaldo científico y técnico para atender enfermedades como la tuberculosis y la brucelosis, así como la participación en las acciones para contener el gusano barrenador, demuestra que la universidad puede jugar un papel determinante en la protección del patrimonio de las familias que dependen del campo.

Ahí es donde la educación superior adquiere su verdadera dimensión social. Una universidad pública no solamente forma profesionistas; también tiene la responsabilidad de generar conocimiento, aportar soluciones y poner sus capacidades al servicio de la comunidad que la sostiene.

Vale decir que la gestión de Dámaso Anaya Alvarado parece orientarse precisamente hacia esa vinculación. El desafío será mantener y ampliar esta ruta, fortaleciendo la investigación aplicada, la colaboración con los productores y la participación de estudiantes y especialistas en los grandes proyectos que requiere Tamaulipas.

Para el Gobierno del Estado, contar con una institución académica sólida representa también una ventaja estratégica. Las políticas públicas que se apoyan en evidencia científica tienen mayores posibilidades de responder con eficacia a problemas complejos. Y para la UAT, participar activamente en estos esfuerzos permite demostrar que el conocimiento universitario puede convertirse en bienestar tangible para la población, así de fácil.