Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Impartir servicios educativos sin autorización o reconocimiento de validez oficial en Tamaulipas podrá castigarse con cuatro a ocho años de prisión y multas de mil a 2 mil veces el valor diario de la UMA, luego de que el Congreso del Estado aprobara reformas al Código Penal. Las modificaciones también consideran fraude ofrecer, expedir o entregar títulos profesionales, diplomas o grados académicos sin la autenticación correspondiente cuando exista engaño y ánimo de lucro, de acuerdo con la reforma aprobada por el Poder Legislativo.

Los cambios alcanzan los artículos 189 Ter y 418 del Código Penal de Tamaulipas y buscan ampliar las herramientas legales contra escuelas o particulares que ofrezcan programas académicos sin contar con el respaldo oficial requerido.

Las reformas derivaron de iniciativas presentadas por los diputados Yuriria Iturbe Vázquez e Isidro Jesús Vargas Fernández, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Uno de los cambios establece expresamente penas de cuatro a ocho años de cárcel para quienes presten servicios educativos sin contar con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Además de la pena privativa de libertad, los responsables podrán enfrentar multas equivalentes a entre mil y 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La segunda modificación incorpora como modalidad de fraude la expedición, entrega u ofrecimiento de títulos profesionales, diplomas o grados académicos que carezcan de la autenticación de la autoridad competente.

Para que esta conducta quede comprendida dentro del supuesto penal señalado por la reforma deberá existir engaño y ánimo de lucro, elementos que deberán acreditarse en cada caso.

El endurecimiento de las sanciones coloca el foco no solamente sobre la operación irregular de instituciones educativas, sino también sobre la comercialización de documentos académicos que sean presentados a los estudiantes como válidos sin cumplir los requisitos legales.

La información legislativa, sin embargo, no precisa cuántas escuelas o prestadores de servicios educativos sin reconocimiento oficial han sido detectados en Tamaulipas, cuántas denuncias se han presentado por este tipo de prácticas ni el número de estudiantes que podrían haber resultado afectados.

Las nuevas disposiciones buscan que las irregularidades dejen de limitarse al ámbito administrativo cuando concurran las conductas previstas en el Código Penal y puedan derivar en responsabilidad criminal.