México enfrenta un problema de salud pública que no debe ignorarse, ante el elevado consumo de productos ultraprocesados con altos contenidos de sodio. Y, ante este escenario, el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a determinados productos representa una apuesta del gobierno para modificar los hábitos de consumo.

Sin embargo, la pregunta fundamental es: ¿gravar más estos alimentos realmente resolverá el problema? ¿O, una vez más, será el consumidor quien termine pagando las consecuencias?

La lógica detrás del impuesto parece sencilla: si un producto poco saludable se encarece, su consumo debería disminuir. Esto, si acaso el Estado utiliza el precio como una herramienta para desincentivar determinadas conductas y, al mismo tiempo, generar recursos que podrían destinarse a políticas de prevención. Sobre el papel, la medida tiene sentido. El problema aparece cuando se observa la realidad económica de millones de familias mexicanas.

El aumento del IEPS a productos con sodio puede convertirse en una medida regresiva si no se acompaña de alternativas accesibles. Para una familia de ingresos altos, pagar algunos pesos adicionales por unas botanas, alimentos procesados o productos preparados puede ser prácticamente irrelevante, mientras que para una familia que vive al límite de su presupuesto, en cambio, cada incremento cuenta. Si los productos procesados son baratos, fáciles de conseguir y forman parte de la alimentación cotidiana, aumentar su precio no necesariamente significa que las personas tendrán acceso inmediato a opciones más saludables.

Aquí aparece una contradicción que las autoridades deben explicar con claridad: ¿se pretende que la población coma mejor o simplemente que pague más por comer lo mismo?

No basta con castigar fiscalmente el consumo de un producto. Si el Estado realmente busca mejorar la alimentación de la población, debe garantizar que existan alternativas saludables, accesibles y disponibles. De poco sirve encarecer una sopa instantánea si una comida fresca y nutritiva cuesta considerablemente más o requiere tiempo de preparación que muchas familias no tienen. Tampoco resulta suficiente recomendar una dieta equilibrada cuando en numerosas zonas del país persisten desigualdades en el acceso a alimentos de calidad.

El debate tampoco debería reducirse a una defensa automática de la industria alimentaria. Las empresas tienen responsabilidad en la composición de los productos que colocan en el mercado. Durante años, buena parte de la industria ha construido modelos de negocio alrededor de alimentos altamente procesados, diseñados para ser baratos, prácticos y atractivos para el consumidor. Si una política fiscal consigue incentivar reformulaciones para reducir el sodio, el azúcar o las grasas, entonces puede generar un efecto positivo que trascienda la recaudación.

Pero para que eso ocurra se necesitan reglas claras y mecanismos de evaluación. Un impuesto no puede convertirse simplemente en otra fuente de ingresos para el gobierno. Si se cobra más con el argumento de proteger la salud pública, una parte significativa de esos recursos debería regresar a la sociedad mediante campañas de prevención, educación nutricional, atención médica y programas que faciliten el acceso a alimentos saludables.

De lo contrario, existe el riesgo de que el discurso de la salud pública se convierta en una justificación para aumentar la recaudación.

También hay que reconocer que el consumo excesivo de sodio no es únicamente una cuestión de decisiones individuales. Así que culpar al consumidor por elegir productos baratos y prácticos es ignorar las circunstancias que condicionan esa elección.

Por ello, el aumento del IEPS debe evaluarse por sus resultados y no por sus buenas intenciones. Si después de varios años el consumo de productos con alto contenido de sodio no disminuye, mientras los precios aumentan y la recaudación crece, habrá que reconocer que la política fracasó en su objetivo sanitario, aunque haya sido exitosa desde el punto de vista fiscal.

La discusión también debería incluir una pregunta incómoda: ¿qué hará el gobierno con el dinero recaudado? La sociedad tiene derecho a exigir transparencia. Cada peso obtenido mediante un impuesto justificado en razones de salud debería poder rastrearse hasta programas que contribuyan efectivamente a prevenir enfermedades y mejorar la alimentación. No sería aceptable que el ciudadano pagara más bajo la promesa de una sociedad más saludable y que esos recursos terminaran diluidos en el gasto público sin resultados verificables.

La política fiscal puede ser una herramienta poderosa, pero no puede sustituir a una verdadera política de salud. Hace falta educación desde las escuelas, regulación efectiva de la publicidad dirigida a menores, etiquetados comprensibles, promoción de actividad física y, sobre todo, una estrategia que haga económicamente viable alimentarse mejor.

El Estado tiene razón en preocuparse por los efectos del consumo excesivo de sodio. Sin embargo, lo cuestionable sería creer que aumentar un impuesto constituye, por sí mismo, una solución. La salud pública no se construye únicamente encareciendo aquello que hace daño; también se construye haciendo posible aquello que beneficia.

De cualquier forma, los diputados ya preparan un incremento al IEPS.

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