Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las denuncias por extorsión en Tamaulipas podrían comenzar a registrar qué datos personales conocía previamente el presunto delincuente sobre su víctima, con el objetivo de identificar patrones sobre el origen y uso de esa información, de prosperar una propuesta presentada ante el Congreso del Estado por la diputada Carmen Guillén Vicente.

La Proposición con Punto de Acuerdo plantea que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública analicen la viabilidad técnica y jurídica de incorporar esta variable a los mecanismos actuales de recepción y análisis de denuncias.

El planteamiento parte de que los extorsionadores pueden utilizar información como nombres, domicilios, actividades laborales o comerciales, vehículos y datos de familiares para construir amenazas más creíbles.

“Una llamada de extorsión adquiere una capacidad de intimidación mucho mayor cuando quien la realiza conoce previamente información acerca de su posible víctima”, señala el documento.

Actualmente, las investigaciones pueden concentrarse en elementos como el número telefónico, medio utilizado o modalidad de extorsión. La propuesta pretende añadir una pregunta: “¿De dónde obtuvo el extorsionador la información que conoce sobre su víctima?”.

La iniciativa advierte, sin embargo, que conocer esos datos no implicaría asumir automáticamente que existió una filtración desde alguna institución o empresa.

“No se pretende afirmar que exista una fuente determinada de filtración de información, ni atribuir responsabilidad alguna sin elementos que así lo acrediten”, precisa la iniciativa.

La información recopilada sería procesada de manera agregada y anonimizada, para buscar coincidencias entre casos, modalidades recurrentes o posibles mecanismos utilizados por los delincuentes para obtener información de sus víctimas.

“Sistematizada y analizada de manera agregada y anonimizada, esta información podría contribuir a detectar coincidencias, modalidades recurrentes y patrones que eventualmente permitan orientar investigaciones y fortalecer las medidas preventivas”, sostiene el documento.

El proyecto tampoco plantea crear otra dependencia ni una base adicional con información personal.

“No se propone crear una nueva institución ni generar una nueva base de datos personales de las víctimas”, señala el texto.

La apuesta consiste en añadir una variable a los sistemas existentes para complementar el seguimiento de llamadas y movimientos financieros con el análisis de la información utilizada para intimidar.

“Para combatir la extorsión es necesario seguir la llamada y seguir el dinero. Pero frente a las nuevas modalidades delictivas debemos aprender también a seguir el dato”, expone la iniciativa.

El Punto de Acuerdo no modifica por sí mismo los mecanismos de denuncia: solicita a las dos autoridades determinar primero si la medida es legal y técnicamente viable y, de ser procedente, incorporarla a sus procesos.

“Identificar un teléfono puede ayudarnos a perseguir un delito. Proteger la información de quien lo utiliza puede ayudarnos a prevenirlo”, concluye.