Desde hace tiempo se han venido registrando diversos acontecimientos relevantes que generan alta preocupación por la importancia del impacto mediático que pudieran ocasionar y representar para la población, las empresas y las instituciones más relevantes del país.

El hackeo de bases de datos ya es una realidad y una gran preocupación para cualquier sector, persona y autoridad.

La ausencia de controles eficaces de seguridad digital, ineficientes protocolos, falta de cultura en ciberseguridad, falta de personal capacitado, insuficiencia en medidas de protección de datos, reducida e inadecuada infraestructura tecnológica y de protección digital son algunos factores que dejan vulnerables los datos personales, empresariales y públicos; además, elevan los riesgos de robo de información, suplantación de identidad y fraudes cibernéticos.

Ingresar a sistemas informáticos o cuentas ajenas sin autorización es una violación a las leyes penales.

Cuando las bases de datos han sido vulneradas —hackeadas—, ponen en riesgo la información privada, pública y civil.

El país ha sufrido en múltiples ocasiones filtraciones masivas de datos en varias empresas y dependencias clave e importantes.

Los múltiples hackeos y filtraciones masivas han expuesto los datos personales de muchos ciudadanos y documentos confidenciales de instituciones gubernamentales.

El especialista en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor recientemente documentó y expuso fallos críticos de seguridad en plataformas del gobierno durante su intervención en una emisión del programa Me Lo Dijo Adela, producido por la plataforma digital La Saga y conducido por la periodista Adela Micha.

De acuerdo con las investigaciones, las filtraciones se han originado por una vulnerabilidad de tipo IDOR (Referencia Directa Insegura a Objetos), un fallo de control de acceso que permite a cualquier usuario visualizar registros ajenos mediante la modificación secuencial de los números de folio en la dirección de enlace.

El periodista e investigador ha documentado diversas filtraciones y vulnerabilidades masivas en plataformas de instituciones públicas del país.

Cabe destacar que una vulnerabilidad IDOR ocurre cuando un sistema no verifica si un usuario tiene permisos reales para ver un archivo o registro antes de entregárselo, y ocurre cuando una aplicación web expone un identificador interno de datos, como un número de folio, sin verificar si el usuario actual tiene permiso para verlo.

Las empresas, autoridades y comunidad deben trabajar con eficiencia, eficacia y seguridad permanente para proteger y salvaguardar la integridad digital de su información y bases de datos.

Los incidentes cibernéticos más graves que han afectado a instituciones públicas del país y que ocasionaron impacto económico, alta vulnerabilidad institucional y el robo de información masiva fueron: ataque a Pemex (2019), hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (2022), ciberataque al Banco de México (SPEI) (2018), filtración masiva de datos del INE (2016) y ataque a la Lotería Nacional (2021).

Esos eventos representan las fallas de ciberseguridad más críticas y costosas que han afectado al gobierno en los últimos años.

El país se ubica entre los países más vulnerables y atacados de América Latina y registra un déficit de expertos en ciberseguridad.

Debido a la transformación tecnológica, actualmente existe una alta vulnerabilidad de los sistemas de información pública y confidencial a la que están expuestos la ciudadanía y cualquier dependencia.

La cooperación entre empresas, gobierno y sociedad es fundamental para garantizar una protección de datos efectiva y segura.

Es importante asumir una cultura en ciberseguridad y hacer conciencia, porque cada vez la sociedad está más expuesta a la criminalidad.

Y usted, ¿qué opina?

Así las cosas.

Nos vemos en la próxima.