Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Más de 2 mil 400 servidores públicos del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, incluidos trabajadores operativos de recolección de basura, barrido manual, panteones, parques y jardines, deberán presentar durante mayo su declaración patrimonial. De no cumplir con esta obligación, podrían ser sancionados con amonestaciones e incluso inhabilitación.

La contralora municipal, Lisbeth Nassira Alonso, informó que actualmente se registra un avance del 60 por ciento en el cumplimiento de este trámite, lo que representa que más de mil 200 empleados ya presentaron su declaración correspondiente.

Explicó que el Ayuntamiento ya opera mediante la plataforma del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que permite que todos los trabajadores municipales estén obligados a rendir su declaración patrimonial, sin importar el nivel o función que desempeñen.

“Ahora todos los servidores públicos del Ayuntamiento de Victoria están obligados a presentar su declaración: secretarios, directores, jefes de departamento y también el personal operativo de recolección de basura, panteones, barrido manual y demás áreas. Por ello se les brinda apoyo y acompañamiento para cumplir con esta obligación”, señaló.

Para facilitar el proceso, la Contraloría implementó un calendario de atención y módulos itinerantes en distintas dependencias municipales. Actualmente, personal de la dependencia brinda asesoría en el área de Servicios Públicos y posteriormente acudirá a recolección de basura y barrido manual, con el objetivo de evitar que los trabajadores abandonen sus labores para trasladarse a la Presidencia Municipal.

La funcionaria destacó que es la primera ocasión en que la totalidad de los servidores públicos municipales debe presentar declaración patrimonial, ya que anteriormente solo estaban obligados los trabajadores de nuevo ingreso y mandos medios o superiores, debido a que no existía un sistema con capacidad para recibir todas las declaraciones.

Asimismo, advirtió que quienes incumplan con esta obligación durante mayo serán notificados y tendrán un plazo adicional de 30 días para regularizarse. En caso de persistir el incumplimiento, podrían recibir sanciones que van desde amonestaciones hasta la inhabilitación.