Reformas liberales y neoliberales

En México desde la época virreinal, las reformas de Estado han causado disgusto, enfrentamientos y hasta guerras; por enumerar algunos movimientos producto de éstas, recordemos el malestar de las Reformas Borbónicas consolidadas por Carlos III donde se establecieron leyes para reorganiza la hacienda pública, el ejército y el papel de la Iglesia, todo para un mayor control y beneficio de la Corana española. Contemplaban poner en manos de los peninsulares los más importantes puestos administrativos en la Nueva España relegando con esta medida a los criollos que por muchas décadas había ocupado dichos puestos. Muchos historiadores coinciden que el descontento provocado por su aplicación  llevó  a los grupos afectados a un clima de tensión que culminó con la lucha insurgente de 1810.

Casi 50 años después, la promulgación de las Leyes de Reforma desató otra guerra en el ya México independiente; en éstas se proponía la desamortización de bienes eclesiásticos y la propiedad comunal entre otras que llevaron a dos poderosos grupos al enfrentamiento: liberales y conservadores.

A pesar de estas dos cruentas experiencias donde la paz social se vio interrumpida por el descontento frente a los intereses que pueden provocar un cambio de rumbo en la política o en la economía mexicana, no existe ningún otro hecho posterior a estos, donde la expedición de reformas provoque una violencia prolongada. El caso de la revolución cristera de 1926 tuvo otras motivaciones más allá de la aplicación de la ley, donde la intransigencia llevó a los grupos participantes en el conflicto a un enfrentamiento que no fue ni masivo ni trascendentes para el caso que nos ocupa.

La guerra de Reforma, como se le llama a la lucha que liberales y conservadores sostuvieron después de haber sido promulgada la Constitución de 1857, definió el proyecto de país, al salir triunfante el bando liberal que estableció  definitivamente el sistema republicano en un proyecto basado en la teoría liberal cuyo eje es la propiedad privada y el libre mercado, principios que fueron aplicados en las leyes promulgadas para la desamortización de bienes eclesiásticos y de la propiedad comunal, buscando dinamizar la economía.

El proyecto liberal de 1856 respondía a las tendencias ideológicas que en ese momento estaban en boga tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque empezaron a concretarse hasta fines del siglo XIX durante la presidencia de Porfirio Díaz al impulsar la industria y el comercio en un México cuyo régimen agrícola imperó hasta muy entrado el siglo XX.

Ya definido el rumbo liberal, a partir de la Constitución de 1917 el Estado no ha realizado cambios radicales de rumbo en la política nacional; como sucedió con las Reformas borbónicas y las leyes de 1856, que afectaron intereses de poderosos grupos económicos como la Iglesia y la aristocracia.

Dos momentos políticos se pueden identificar en México con su proyecto de país fundado en la corriente liberal; el primero que se inicia con la promulgación de las Leyes de Reforma en 1856 y la Constitución de 1857 que fueron concretadas en 1867 con el triunfo de los liberales sobre los conservadores y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, acciones que legitimaron al grupo ganador, primero porque lograron imponer las leyes por ellos redactadas 10 años antes y por el otro, porque con el fusilamiento consolidaron la imagen de México como nación republicana frente al mundo, al tratarse de un miembro de la nobleza de mayor abolengo de Europa, México se convirtió en el ejemplo americano del escarmiento hacia los invasores europeos.

El otro momento político se identifica en la década de los 80 del siglo XX, donde se comienza el desmantelamiento del estado benefactor y se renueva el proyecto político con la corriente neoliberal iniciada por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado y continuado por sus sucesores en el cargo.

A partir de la Constitución de 1917, se han implementado en nuestro país una serie de reformas políticas y económicas a través de la reglamentación de los artículos constitucionales, pero ninguna ha sido definitoria para cambiar el proyecto liberal. Por el contario, todas van enfocadas a reencauzarlo, reforzar y responder a las demandas internacionales, ya que su objetivo fundamental es fomentar el desarrollo económico.

Tal vez la reforma laboral de el 2012 sea una de las más polémicas que en los últimos años se han impulsado en nuestro país; pero no perdamos de vista que  todos los debates ideológicos en la política mexicana por parte del Estado,  tanto el proyecto de nación liberal como la planeación del rumbo económico están sustentado en la teoría liberal y en las últimas décadas en su reformulación a través del neoliberalismo. De ahí que la propuesta de dicha ley encuentre su sustento teórico en el neoliberalismo y plantee la posibilidad de que su aprobación contribuya a fortalecer el libre mercado y la acumulación de capital con mayor dinamismo  para las empresas, sean nacionales o internacionales.

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