Electorera la comisión anticorrupción

1.- En el tema de transparencia y rendición de cuentas ya casi todo está escrito para que los mexicanos estemos enterados de lo que hacen las entidades e instituciones que reciben dinero público; existen las disposiciones legales, lo que falta es que se cumplan las leyes, por eso es importante la creación de la Comisión Estatal Anticorrupción (CEA) que vigile sin compadrazgos, ni complicidades el acatamiento de las leyes, lo cual se antoja prácticamente imposible.
 
El “virus” de la corrupción no podrá ser abatido con la integración de un organismo como el que plantea el presidente electo, Enrique Peña Nieto; hay que entre-tejer una serie de estrategias para vigilar la prosperidad de los funcionarios públicos, a través de mecanismos que consignen sus adquisiciones, no sólo casas y vehículos, sino joyas, viajes, consumos diversos y para eso falta aun mucho de afinar en la política fiscal para hacerla eficiente.
 
Mientras exista la evasión fiscal, los depredadores del presupuesto seguirán enriqueciéndose sin freno, porque los empresarios que venden bienes o servicios les convienen no dejar constancia de sus ingresos, en ese círculo vicioso, la referida Comisión Estatal Anticorrupción pocos resultados podrá ofrecer.
 
Por lo pronto la CEA es una bandera de mercadotecnia política (que es la disciplina que estudia cómo satisfacer las necesidades de los clientes, no se trata de vender lo que se produce, sino de producir lo que el cliente quiere consumir) donde la demanda ciudadana es un ejercicio honesto o por lo menos que reduzca los indicativos de corrupción notorios incluso en el ámbito internacional.
 
En ese marco de circunstancias varios gobernadores (el primero de ellos Eruviel Ávila del estado de México) ya declararon que están en coordinación con el equipo de transición del presidente electo, para sentar las bases y llevar a cabo la iniciativa a los Congresos de los Estados, que permita crear el organismo que será la panacea para el mal que aqueja al sistema político mexicano, la corrupción.
 
Aunque la iniciativa de ley enviada por EPN establece de plazo un año para la creación de ese organismo, los 14 estados de la República que celebrarán elecciones en el 2013, entre ellos Tamaulipas, deben de apresurarse a crear la CEA como herramienta político-electoral.
 
2.- Otro tema que está en la agenda nacional es el Instituto Nacional de la Mujer, que nació al igual que sus filiales estatales, como respuesta al compromiso contraído por México, en el seno de las Naciones Unidas para lograr los objetivos de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en Beijing en 1995: en México dos entidades de la República se rezagaron en la creación del instituto, una de ellas fue Tamaulipas.
 
Sin embargo al aproximarse la conferencia que tendría lugar en el 2005 en Nueva York, en el que se evaluarían los avances de la estrategia acordada, se crearon de manera emergente los institutos que faltaban, así al vapor nació el Instituto de la Mujer Tamaulipeca en el inicio del sexenio de Eugenio Hernández Flores.
 
La realidad es que los institutos en la inmensa mayoría de los estados de la República no han cumplido con los objetivos para los que fueron creados, inscritos dentro de un sistema gubernamental se han dedicado a canalizar casos que “requieren de atención” a los diferentes programas y organismos del mismo Gobierno.
 
Sin recursos propios, sin liderazgos con vocación de género y con un total desconocimiento de lo que es la política de género, los Institutos de la Mujer han sido un fracaso y ante la duplicidad de acciones (que no debiera de haberse dado si tuvieran idea de los verdaderos objetivos) los IM están anulados y sin cumplir la función para la que fueron creados. Confunden la asistencia social con la equidad de género y atienden las debilidades de la mujer, en lugar de desarrollar las fortalezas de éstas, de hacerlas visibles y crear las políticas de igualdad.
 
3.- Hace unos días el INM fue noticia, ante las reformas que envió Enrique Peña Nieto al aparato legislativo, se proponía sectorizar al Instituto, al incorporarlo a la SEDESOL; al parecer el equipo de transición ignoraba la existencia de la Ley decretada el 12 de enero de 2001 que dio origen a ese organismo público descentralizado de la federación, con personalidad jurídica y patrimonio propio.  
 
La Red de Mujeres en Plural puso en conocimiento a Rosario Robles (del equipo de transición en política social) lo que implicaba la reforma enviada por Peña Nieto, logrando “encorchar” la propuesta, mientras se toma una decisión sobre el futuro de ese organismo. El tema no está aun resuelto.
 
En síntesis, el Gobierno de la República y claro las entidades federativas, tienen que revisar los compromisos contraídos como país miembro de la ONU, rescatar los objetivos y buscar mujeres que tengan un auténtico conocimiento y vocación sobre la equidad de género para ponerlas al frente de los IM.
 
En la actualidad hay maestrías en: “Estudios de género”, “Equidad de género”, en “Derechos humanos e impartición de justicia y género”, entre otras y la UNAM, la Benemérita de Puebla e incluso la Suprema Corte de Justica cuentan con esas opciones. La SCJN en coordinación con la oficina de la ONU en México da reconocimiento al último de estos posgrados.
  Anote Usted, que además, hay un Programa Nacional de la Mujer (Pronam), un Consejo Nacional de la Mujer (Conmujer), las universidades del país están asumiendo políticas de equidad de género por recomendación de la SEP, los Congresos Locales y el de la Unión en sus dos cámaras, poseen comisiones de equidad; los ayuntamientos crearon institutos de la mujer municipales, todos tienen el discurso y la política pública adoptada, para simular que están trabajando en el tema, pero los indicadores no revelan avances después de 17 años de haber asumido el compromiso ante la ONU.