Ciudad de México. - Senadoras y senadores de la Comisión de Educación avalaron una reforma para establecer la obligación de las instituciones de educación superior de expedir los títulos profesionales, diplomas u otros grados académicos con el uso de lenguaje incluyente y no sexista.

Lo anterior a través de una modificación al artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, con lo que se sustituiría el masculino como forma genérica para referirse a la profesión de una persona por el mencionado lenguaje incluyente, detalló el presidente del órgano legislativo, Raúl Morón Orozco.

Explicó que con esta reforma, los documentos que expidan las instituciones de educación superior deberán emplear términos específicos como “licenciada en”, “doctora en”, “arquitecta” o “ingeniera”, entre otros.

Expuso que más de la mitad de la población que cursa estudios de educación superior en la actualidad está conformada por mujeres, por lo que estas modificaciones tienen el propósito de visibilizar a las profesionistas, promover la igualdad sustantiva y eliminar las barreras simbólicas que históricamente han limitado el desarrollo de la personalidad de las mujeres.

“Coincidimos en que un título profesional que nombra correctamente a quien lo obtiene no sólo constituye un acto de justicia simbólica, sino también una herramienta esencial para el reconocimiento pleno de derechos y la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva”, subrayó.

 La Comisión de Educación también avaló el dictamen de una reforma a la Ley General de Educación, para restringir el uso de imágenes de menores de edad y adolescentes en la promoción de las instituciones educativas.

 El senador Morón Orozco recordó que algunas escuelas usan fotografías, voces o datos personales de sus estudiantes para promocionarse, lo que genera un vacío legal que puede vulnerar sus derechos fundamentales, particularmente los de imagen e intimidad.

 Por ello, se propone adicionar un artículo 73 bis a la referida norma para establecer que las autoridades educativas y las instituciones públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional no pueden utilizar, difundir o distribuir la imagen, voz o datos personales de menores o adolescentes con fines comerciales, salvo que exista autorización expresa de sus padres o tutores.

Precisa que tal consentimiento podrá revocarse en cualquier momento sin que ello genere afectación alguna a los derechos y a la situación escolar de las y los estudiantes, además de que la Secretaría de Educación Pública deberá emitir la normatividad necesaria para garantizar el cumplimiento de este artículo.

La senadora promovente de esta iniciativa, Cynthia Iliana López Castro, de Morena, enfatizó que la idea de su propuesta es que las escuelas empiecen a adquirir mayores responsabilidades sobre el uso de los datos personales, ya que esto puede vulnerar principalmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.