Más protección a niños, nueva Ley de Adopción en Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Más protección y seguridad para los menores exige la nueva Ley de Adopciones del estado de Tamaulipas, que entró en vigor el pasado 5 de julio.

Un Certificado de Idoneidad es el principal requisito que deben cumplir los solicitantes a adoptar a un menor de edad en la entidad.

Anteriormente no era necesario.

Manuel Galván, presidente de la Barra Colegiada de Abogados de Nuevo Laredo informó que ”quien pretenda adoptar reciba un Certificado de Idoneidad, que es esto, pues es una certificación previo estudio, estudio de que se han cubierto una serie de requisitos pero sobre todo se reúne la vocación para ser padre”.

El Consejo Técnico de Adopciones del Sistema DIF Tamaulipas aplicará una serie de exámenes jurídicos, médicos, sicológicos y de ingresos económicos a las personas que deseen adoptar y decidirá si es apta.

Héctor Valdez Valdivia, Procurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF)  puntualizpó que “antes de iniciar el procedimiento judicial ante la autoridad de primera instancia se debe de someterlos los solicitantes a un procedimiento administrativo en Sistema DIF Tamaulipas que es el órgano autorizado por esta ley”.

La ciudadanía comenzó a manifestar interés por conocer la nueva Ley, que también exige fotografías de la pareja con interés de adoptar, condiciones de la vivienda, incluso de los sanitarios, solvencia económica, entre otros aspectos.

Graciela Hernández, residente local  comentó: “está bien verdad, hasta cierto punto, pero si debería de haber también más opciones para adoptar porque hay mucha gente que si quiere adoptar”.

A través de la nueva modalidad se evitará la explotación de menores y el tráfico de órganos.

“Acaba con aquellas suspicacias de que muchas veces ese tipo de adopciones por la falta de rigurosidad en su manejo se prestaba a tráfico de órganos ó bien de explotación de menores”, recalcó el abogado Galván.

El Consejo Técnico de Adopciones, previa autorización, podrá permitir la convivencia de la familia con el menor durante un período de tres meses.