El Anzuelo...
Y con unas toneladas de promesas arrancará el domingo el proceso
por El Fisgón
La reforma administrativa de Peña Nieto
Por: Luis Lauro Carrillo
Analista político, autor de la columna Cuestión Pública publicada en el periódico de La Verdad de Tamaulipas, en el portal digita HOYTamaulipas, entre otros
Las dos iniciativas de ley en materia administrativa y
anticorrupción presentadas por el presidente electo Enrique Peña Nieto al
Senado por conducto de las bancadas del PRI y del PVEM, constituyen la
reingeniería gubernamental que tendría como objeto moralizar y racionalizar el
aparato gubernamental que ha crecido desmesuradamente en tamaño y costo.
Dentro de las propuestas peñanietistas figura la creación
de un ente que los medios y políticos priistas la han llamado Comisión Nacional
Anticorrupción que al decir de ellos, tendría la tarea de combatir y erradicar
el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado en otras palabras
la corrupción.
Sobra decir que la lucha contra ese cáncer político es
inaplazable para México, por ello es necesario que toda implementación de una
política pública en ese sentido que tenga como soporte investigaciones o
estudios con metodología que demuestren su eficacia.
Del análisis de la iniciativa se desprende que son los
titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
los que serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la
dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría
preventiva, bajo los lineamientos de la secretaria de la SHCP.
De tal modo que los propios titulares tendrán la
obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia
y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y
Crédito, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones
relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales.
Cabe indicar que las unidades de auditoría preventiva se
regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública,
presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento
administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades,
combate a la corrupción y otras afines a la materia.
De lo anterior se desprende que la propuesta del
presidente electo para hacer frente a la corrupción no parece haber diferencia
alguna con la actual Secretaria de la Función pública, salvo el cambio de
nombre, cuyas funciones pasaron a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y
a los titulares de las demás dependencias y a las unidades de auditoría
preventiva, es decir que siguen siendo juez y parte.
Por lo tanto la iniciativa no contempla la creación de un
ente o instancia nueva descentralizada, con plena autonomía, patrimonio propio,
cuyo fin explicito y único sea el combate a la corrupción, ni tampoco institucionaliza
la participación ciudadana en el combate a la corrupción.
En ese tenor y provechando la coyuntura legislativa en el
marco de la trasmisión de poderes, se hace necesario rediseñar la estructura
institucional para la rendición de cuentas, otorgando plena autonomía al IFAI,
a la ASF y a la nueva instancia anticorrupción, así como ampliar la ley de
transparencia para incluir a los partidos políticos y al sector privado como
sujetos obligados.
De igual manera empoderar la participación ciudadana en
el combate a la corrupción, por medio de una reforma a la ley de procedimientos
administrativos y de responsabilidades, fortaleciendo los mecanismos
institucionales de monitoreo y queja ciudadana y mayor apertura a la sociedad
civil a ASF y a la instancia de anticorrupción.
Dentro del mismo orden de ideas para nadie es un secreto
que en los tres órdenes de gobierno la burocracia es obesa, improductiva,
ineficiente y onerosa, que representa un dispendio de recursos que podrían re
redireccionarse hacia otros rubros del gasto social, en ese sentido resulta
acertada la iniciativa de EPN del redimensionamiento del aparato gubernamental.
De ahí que la propuesta de suprimir las Secretarías de
Seguridad Publica y de la Función Pública, fusionar la Sedesol y Reforma Agraria
y fortalecer la secretaría de gobernación con más responsabilidades con
capacidad para resolver los problemas de gobernabilidad y seguridad pública,
pero dentro de los preceptos de la democracia, resulta a todas luces una
decisión positiva que debería de imitarse en todas las entidades federativas
del país.
Así pues las reformas que vengan habrían de generar un
marco legal solido de la acción gubernamental, sino también lograr niveles de
eficacia del aparato burocrático y a propiciar un cambio cultural que haga de
las prácticas corruptas algo del pasado, que son un cáncer social en el que
colaboran tanto quienes lo fomentan como aquellos que lo permiten o lo encubren
al no denunciar.
En definitiva las iniciativa de ley presentadas por Peña
Nieto parecen ir en la dirección correcta para reorganizar el aparato
gubernamental y para hacer frente a la corrupción, sin embargo el congreso
deberá enriquecer la propuesta para crear una instancia o ente que tenga
explicito como fin la prevención y combate a la corrupción gubernamental y a
sus prevaricadores.
lucarrso@hotmail.com
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