La deuda pública estatal

El acceso oportuno a los registros del gobierno es la piedra angular de toda democracia. Sin este acceso, los ciudadanos son incapaces de vigilar las acciones y decisiones de sus gobiernos.

La falta de transparencia, la velocidad del crecimiento exponencial de  la deuda pública y pasivos que tienen las entidades federativas de México, en el corto plazo puede convertirse en un grave problema macroeconómico para el país, debido a que muchas obligaciones financieras estatales se encuentran fuera de control.

No cabe duda que los gobiernos estatales de México, registran un endeudamiento excesivo en relación a sus posibilidades reales de pago, quienes han hipotecado el futuro de sus entidades, la estabilidad financiera de sus ciudadanos y por consiguiente un colosal incremento de  la deuda nacional  de manera peligrosa.

De acuerdo con el documento de la OCDE "México, mejores políticas para un desarrollo incluyente" establece: “El Gobierno federal debe promover la aplicación de reglas fiscales prudentes en el nivel subnacional. La recomendación clave de la OCDE es fomentar la aplicación de límites prudentes al endeudamiento a nivel estatal y municipal".

Por su parte la SHCP hasta el primer trimestre de 2012, el saldo de las obligaciones financieras de las entidades federativas ascendía a casi 397 mil millones de pesos  de deuda registrada.

De ahí que las entidades federativas  enfrenten actualmente una grave situación financiera, por la reducción de las participaciones federales a causa de los bajos índice de recaudación fiscal y la nula generación de ingresos propios, aunado al despilfarro y presunta corrupción cobijada por la opacidad de las cuentas públicas.

Entidades como Coahuila. Guerrero, Quintana Roo, y Df, son los ejemplos más extremos, donde ha quedado evidenciada la temeridad y la sangre fría de sus gobernadores y secretarios estatales de finanzas para pedir créditos a cuenta de sus futuras participaciones federales, tan volátiles como la economía del país.

Huelga decir que los estados en el ejercicio de su autonomía hacen uso de sus atribuciones  legales para contratar deuda, aunque la mayoría de las veces no lo hacen en condiciones de racionalidad financiera y jurídica.

Por tanto queda evidenciado un problema político palpable, la carencia de contrapesos  a los poderes ejecutivos estatales, pues toda contratación de empréstitos debe pasar por la autorización de los congresos locales, muchos de los cuales los aprueban sin objetar montos y propósitos de la deuda.

Gran parte de los préstamos  obtenidos por los gobiernos estatales han sido contratados con la banca comercial, lo cual agrava más la situación, pues en caso de caer en insolvencia, no solamente ponen en peligro la viabilidad  de una entidad federativa, sino que se puede colocar en riesgo a todo el sistema bancario.

Por otro lado se considera un error conceptual de los gobiernos estatales, concebir a los empréstitos como fuente normal de sus ingresos, como si se tratara  de contribuciones fiscales y no como un recurso excepcional complementario y además violando la constitución contratan empréstitos para gasto corriente y no para inversiones productivas.

En la investigación de la OCDE señala que en algunos casos el incremento de la deuda ha sucedido en entidades  en donde recientemente  se realizaron comicios electorales, lo que hace inferir una perversa relación entre el gasto electorero y el endeudamiento. En otras palabras sugiere que las deudas no estarían financiando obras, desarrollo o crecimiento, sino gasto corriente y de campañas políticas.

Está visto que la federación aún carece de “dientes” para obligar a los gobiernos estatales a presentar sus cuentas adecuadamente y sin trucos, como lo ha reiterado una y otra vez la Auditoría Superior de la Federación. Internamente los estados carecen de presión por la inexistencia de un auténtico contrapeso de parte de los congresos y poderes judiciales locales.

De tal suerte que se han dado pasos importantes con la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental en materia de deuda y empréstitos, sin embargo todavía falta mucho para una homologación de criterios contables para hacer realidad la transparencia y rendición de cuentas.

En definitiva el Congreso de la Unión, debería reformar la constitución para limitar el endeudamiento de estados y municipios, obligándolos a incrementar el porcentaje de ingresos propios, exigiendo una real transparencia y rendición de cuentas en sus finanzas, para evitar la quiebra de entidades federativas y del sistema bancario en su conjunto.

lucarrso@hotmail.com         Twiter: @luiscarrs