Protegió ex mayordomo papal su computadora durante seis años

Ciudad del Vaticano, (Notimex).- El ex mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, condenado a 18 meses de cárcel por robar cientos de documentos confidenciales del Papa, protegió su computadora durante más de seis años y rechazó que fuese sustituida.
 
Este y otros detalles sobre el “Vatileaks”, el escándalo por la fuga de informes reservados sustraídos de los aposentos pontificios, salieron a relucir este día en la primera audiencia del segundo proceso relacionado con este caso y que involucró a Claudio Sciarpelletti.
 
El especialista en asuntos informáticos y empleado de la Secretaría de Estado, la oficina de política interior y exterior del Vaticano, compareció este lunes ante los tres jueces del tribunal del Estado Pontificio acusado del delito de “favorecimiento”.
 
Según reveló durante la audiencia el abogado defensor, Gianluca Benedetti, su representado (48 años) se vio involucrado en este caso como consecuencia de una “informativa anónima” (memorando) la cual aseguró que él tenía una amistad muy cercana con Gabriele.
 
“Todo parte de un anónimo, creo un oficial de la Secretaría de Estado, que habla de recurrentes contactos entre Paolo Gabriele y Claudio Sciarpelletti. Una informativa de un autor desconocido, de la cual se pasa a una supuesta amistad y confianza sobre la cual Sciarpelletti habría mentido”, dijo.
 
“Mi defendido nunca negó que existiese una relación con Gabriele, pero de ahí a afirmar que tenían gran confianza y fraternidad parece exagerado”, apuntó.
 
Benedetti expuso así parte de la estrategia defensiva, que se centrará en minimizar la relación de supuesta amistad de su representante con el ex mayordomo.
 
El delito de “favorecimiento”, similar al de encubrimiento pero con distintas características, se le imputa al informático luego que este dio tres versiones diferentes cuando fue interrogado sobre su relación con Gabriele meses atrás.
 
El jueves 24 de mayo Sciarpelletti fue detenido por la Gendarmería Vaticana tras la realización de un cateo en su oficina, ubicada dentro de la Secretaría de Estado y en el curso del cual fue encontrado un sobre con material reservado en su interior.
 
En la solapa del sobre se podía leer la inscripción “Paolo Gabriele”. En un primer momento el programador dijo que ese paquete lo había recibido del ex mayordomo pero después se retractó y cambió la declaración, sosteniendo que se lo había entregado “un monseñor”.
 
En ese momento permaneció detenido durante una noche en el cuartel general de la Gendarmería y un día después cambió nuevamente versión. Posteriormente fue dejado en libertad.
 
Aunque originalmente Sciarpelletti fue detenido con la hipótesis de un concurso de su parte en el robo de los documentos, finalmente fue procesado por “favorecimiento” ya que con sus declaraciones contradictorias incurrió en una obstrucción a la justicia.
 
Pero este día el abogado defensor Benedetti intentó minar el cuadro acusatorio presentado por el Promotor de Justicia (ministerio público), Nicola Picardi.
 
Lo hizo presentando una serie de “excepciones preliminares”, es decir varias solicitudes encaminadas a adquirir o rechazar elementos particulares para que se discutan durante el debate del caso en el aula.
 
En primer término el abogado pidió declarar nula la sentencia de envío a juicio de su defendido porque consideró ambigua la configuración del delito presentada por el fiscal.
 
Además, requirió incluir en el debate unas 12 informaciones particulares, todas encaminadas a demostrar que Sciarpelletti no tenía una gran amistad con Gabriele, como sostiene la fiscalía.
 
Por su parte, el fiscal Picardi pidió al tribunal rechazar la moción de la defensa en algunos de los puntos, aunque se dijo disponible a que otros sean efectivamente incluidos en el proceso.
 
Entre las informaciones solicitadas por la defensa destaca el “famoso caso de la computadora”, como lo llamó Benedetti, y según el cual el ex mayordomo rechazó sistemáticamente que el informático interviniese sobre el equipo aunque este era ya evidentemente obsoleto.
 
“Si había tal amistad y confianza (entre ambos), ¿cómo es que Gabriele rechazó cualquier intervención de mi asistido en la computadora de la Santa Sede, cuando todas las otras computadoras fueron cambiadas en el curso de los años?”, cuestionó el abogado.
 
La otra carta fuerte de la defensa se basa en el expediente laboral de Sciarpelletti, que demostraría la “fidelidad” del imputado a su trabajo. Por eso pidió que ese dossier fuese incluido también en la causa.
 
“¿Mi asistido iba a poner en riesgo 20 años de devoto servicio a la Santa Sede para ayudar a una persona que sería su amigo sólo porque se tutean?”, sentenció Benedetti.
 
Asimismo solicitó que sean incluidos en las actas del proceso el tráfico telefónico y los correos electrónicos intercambiados entre Paolo Gabriele y el propio técnico informático, para demostrar que su amistad cercana no era tal.
 
Una vez presentados los argumentos de ambas partes, a favor o en contra de estas mociones, los jueces se retiraron a deliberar y después de unos 50 minutos regresaron al aula para anunciar su decisión respecto de cada uno de estos puntos.
 
Entonces el presidente del tribunal, Giuseppe Dalla Torre, leyó una ordenanza con la cual aceptó varias de las solicitudes del abogado defensor, entre otras la de adquirir el expediente laboral del imputado.
 
Empero los jueces rechazaron considerar los apartados correspondientes al caso de la computadora, a las llamadas y la comunicación digital entre ambos personajes.
 
Poco después de las 11:15 horas (09:15 GMT) se decidió suspender el proceso y se convocó a una segunda audiencia para el próximo sábado 11 de noviembre.
 
En esa ocasión se escucharán las declaraciones de seis testigos, además del propio Sciarpelleti también referirán el ex mayordomo Paolo Gabriele, el oficial de la Secretaría de Estado Carlo María Polvani, el vice comandante de la Guardia Suiza Pontificia, William Kloter.
 
Así como el vice comisario del Centro Operativo del Cuerpo de la Gendarmería Vaticana, Gianluca Gauzzi Broccoletti y el director de los Servicios de Seguridad y Protección del Vaticano, Domenico Giani.
  Por el delito de “favorecimiento” el imputado podría ser condenado a una pena máxima de un año de cárcel.