Congreso de Tamaulipas retoma el tema del aborto

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-El Congreso del Estado retomó el controvertido tema del aborto al proponer la fracción del Partido Acción Nacional incluir algunas consideraciones a la iniciativa que en diciembre de 2009 presentaron de forma conjunta los grupos parlamentarios del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza.

En la exposición de motivos, Leonor Sarre Navarro coordinadora del PAN planteó instaurar en el Código Penal del Estado el ‘tratamiento médico integral’ como apoyo médico psicológico y no como sanción a la mujer embarazada, así como pena privativa y obligación de reparación de daños la persona que provoque el aborto.

Dijo que atendiendo la responsabilidad de ser precursores del derecho a la vida, la postura clara y firme de los diputados de Acción Nacional de dotar de mayor protección jurídica a la mujer y revocar la pretensión de abrir la posibilidad de sustituir una pena privativa de libertad a cambio de un tratamiento médico integral.

“La propuesta –del PAN- está enfocada a penalizar a la persona que provoque aborto con ánimo de lucro, engaños y amenazas, conmutar la pena privativa cuando en caso de ser menor de edad, por situación de pobreza extrema de a mujer embarazada y sujetarse a un tratamiento médico integral”, señaló.

Agregó que más allá de tratarse de una doctrina partidista, la tutela del derecho a la vida desde la concepción, es cuestión también de Estado, por lo que su fracción propone instaurar en el tratamiento médico integral.

La iniciativa del PAN incluye reformas a los artículos 356 al 361 del Código Penal del Estado del PAN y adiciones a los artículos 457, 358 y 361 Bis para conmutar la pena privativa de la libertad por trabajo comunitario a mujeres embarazadas menores de edad, incapaces o en situación pobreza extrema para que continúen sus estudios o actividad laboral.

Incluye que la persona que provoque el aborto además de pena privativa de libertad, tendrá la obligación de reparar daños y perjuicios ocasionados, que incluyen la imposición de pagar tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud, física, psíquica y emocional de la mujer embarazada a la que se provoque el aborto.