La reapertura de las cuentas públicas municipales --correspondientes a los ejercicios fiscales 2021 y 2022-- determinada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, para (nuevamente) revisarlas, pone en serios aprietos a varios alcaldes que, en estos períodos, se encontraban al frente de los ayuntamientos.

Esto a solicitud de la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, Úrsula Patricia Salazar Mojica, tras ser informada de que ‘hay graves anomalías’, detectadas por el equipo del auditor interno, Francisco Antonio Noriega Orozco, que al comprobarse podrían derivar en responsabilidades penales, administrativas, fiscales o cualquier otra, a que haya lugar, contra ex alcaldes y el propio auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio.

A su administración le correspondió supervisar, de forma permanente, en qué y cómo se gastó el presupuesto asignado antes de haber extendido cualquier documento de liberación a los entonces ediles.

Por tanto, si al cierre de su administración o ejercicio, algunos alcaldes tuvieron dificultades para comprobar el correcto uso del erario, no es culpa de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, sino del titular de la ASE, aunque los ex alcaldes ahora argumenten que la revisión nueva para calificar su cuenta pública obedece a razones políticas.

O por el cambio de estafeta.

Se lo comento porque el tema ha tratado de soslayarlo el propio Jorge Espino Ascanio.

Y corresponde, precisamente a la presidenta de la Junta de Gobierno, aclarar que la nueva fiscalización de los recursos se realiza sin distingos de ninguna clase, porque su manejo está más allá de toda filiación partidista; y que las 43 administraciones municipales reciben un mismo trato, por lo que ningún edil (o ex) tendría razón para esgrimir irregularidades en esta nueva calificación de su cuenta pública, si acaso ésta no fuera aprobada.

Una vez revisadas y de asomar irregularidades, el órgano de control interno de la LXV Legislatura habría de integrar carpetas de investigación para determinar las posibles responsabilidades administrativas, y en su caso, presentar las denuncias penales en contra de los servidores públicos (o ex servidores) que omitieron la fiscalización conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

Las primeras cabezas, hasta donde observo, comenzarían a rodar a partir de la semana entrante.

Castigo esperado

Por otra parte, me parece un exceso, quizá igual que a usted, que el fiscal anticorrupción, Irving Barrios Mojica, siga dudando para actuar legalmente contra quienes saquearon las arcas públicas en beneficio personal, cuando han sido los mismos funcionarios de la nueva administración quienes han señalado con índice de fuego un cúmulo de ilícitos.

Sobre todo, por el mar de documentos que aparecen cotidianamente en todas las áreas para sustentar acusaciones –por prácticas contrarias al ejercicio público–, bajo un marco legal, como espera la sociedad.

Ésta que de ningún modo plantea una cacería de brujas, pero sí una actitud congruente entre el decir y el hacer, por parte de quien es, todavía, fiduciario de la procuración de justicia.

Mucho se comenta sobre el latrocinio indiscriminado con: obras que no existen; una abultada nómina, al pagarle jugosos salarios a gente sin desquitar los emolumentos; desviación de recursos, mediante el rollo del sistema de viáticos y becas; la asignación vertical de contratos, siendo la ley muy clara en cuanto a las licitaciones para adquirir equipo, mobiliario y enseres de papelería y limpieza; la renta o venta de bienes inmuebles; así como en el mantenimiento de la infraestructura (léase oficinas), y del parque vehicular, entre otros ilícitos quizá menos graves a los que serían los siguientes:

1. a) El extravío de cientos o tal vez miles de millones de pesos que se supone debieran existir en las arcas;
2. b) La preferente asignación de los apoyos de programas sociales en beneficio exclusivo de amigos, compadres, caprichos y parentelas de los otrora influyentes jerarcas gubernamentales; y
3. c) El saqueo millonario mediante el pago de facturas a empresas sin haber brindado servicios –se les llama fantasmas–, que aparecieron con las auditorías practicadas al finalizar el anterior régimen; y las nuevas ya ejecutadas por el régimen de la Cuarta Transformación.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas consiga los plazos para requerir información sobre las finanzas y su consecuente aceptación (u observaciones), previos al análisis de la Auditoría Superior del Estado, apoyada por una comisión legislativa; pero ello no impide que en caso de detectarse irregularidades pueda procederse, vía penal, posteriormente por las infracciones cometidas.

Hasta la fecha el fiscal anticorrupción no ha actuado, todavía, para proceder contra los saqueadores.

Y eso que sus pillerías han sido detectadas en todas las áreas.

De cualquier forma, hay ciudadanos que se preguntan esto: ¿Hasta cuándo llevarán al patíbulo a quienes en el pasado tanto daño hicieron a Tamaulipas?

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.