Ciudad de México. - En el marco de la Política Exterior Feminista, México impulsó la adopción de la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú, durante la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del citado Acuerdo, celebrada del 22 al 24 de abril en Santiago de Chile.

La Decisión de Transversalización de la Perspectiva de Género integra esta metodología en el desarrollo de acciones para crear un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales, así como para prevenir la discriminación y la violencia de género contra las mujeres defensoras, al tiempo que se continúan estableciendo sinergias y alianzas con todas las partes interesadas en la materia.

La adopción de esta iniciativa, presentada por México, representa un hito que resalta el papel fundamental que las mujeres ejercen en la protección del medio ambiente y su contribución al desarrollo sostenible.

Durante la inauguración de la reunión, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Joel Hernández García, en representación de México, resaltó la importancia del Acuerdo de Escazú y su correcta implementación para que a las personas defensoras de derechos humanos se les garantice su derecho a defender derechos. Subrayó que el Acuerdo es idóneo para que se dé una cooperación plena entre los Estados en materia de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia.

En la COP3 también se anunció la próxima incorporación de Dominica al Acuerdo de Escazú y se adoptó el Plan de Acción de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales para la región, con un claro consenso. La adopción del plan motiva a México y a los Estados parte a acelerar los procesos para definir las hojas de ruta e implementación correspondiente, de acuerdo a sus prioridades nacionales, promoviendo la inclusión de las mujeres indígenas desde las etapas iniciales de estos procesos, como se instruyó en el documento final.

ONU Mujeres, junto con otros programas, fondos y agencias del sistema de las Naciones Unidas, apoyarán a los Estados parte con el desarrollo de directrices para guiar la elaboración de sus estrategias e incluir la perspectiva de género en sus trabajos de implementación.

Tras concluir la COP3, tuvieron lugar dos eventos que resaltaron el liderazgo de México en este foro regional. El primero fue un espacio de diálogo titulado “Construyendo juntos: la cooperación internacional como medio para la implementación del Acuerdo de Escazú”, en el que se resaltó la importancia de contar con proyectos de colaboración con agencias internacionales para ampliar capacidades y mejorar herramientas para alcanzar los objetivos de la agenda. El evento contó con el apoyo de los programas de desarrollo y medio ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y los gobiernos de Uruguay y Chile, junto con México, brindaron sus perspectivas sobre el tema.

Finalmente, México, Antigua y Barbuda, Chile y Colombia participaron en el conversatorio “El papel fundamental de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú”, donde se enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales para incorporar la metodología y mecanismos de género a las acciones de implementación, además se resaltó la importancia de contar con datos estadísticos que visibilicen la problemática existente en torno a las brechas de género y la desigualdad.  En el conversatorio participaron ONU Mujeres, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la CEPAL, quienes acordaron establecer sinergias con todas las partes interesadas para impulsar la creación de entornos seguros y propicios para combatir la violencia de género en todas sus expresiones.

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisión y acceso a la justicia, que propicie un desarrollo sostenible y un medio ambiente sano.