Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, nuevamente, posibles actos de corrupción en programas, contratos y modificación al patrimonio de las secretarías de Bienestar Social, de Obras Públicas y de Salud, informó la contralora gubernamental Norma Angélica Pedraza Melo.

Explicó que a raíz de estos señalamientos de la ASF se detectaron compras de medicamentos durante la pasada administración, por lo que el actual gobierno del Estado dará seguimiento preciso en cada uno de los casos.

“La Contraloría Gubernamental promoverá responsabilidad administrativa sancionatoria contra los ex funcionarios señalados por la Auditoría Superior de la Federación, por simular pagos a personal fallecido y la contratación de una empresa que no contaba con el expertis para proveer medicamentos especializados”, refirió la funcionaria estatal.

Comentó que en la tercera entrega que realizó la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del 2022, se presentaron varias inconsistencias, algunas de ellas graves.

“Ha quedado una falta grave documentada en el área de Salud, y en otros programas también hay pliegos de observaciones que, luego viene un momento en que los ejecutores del gasto podrán presentar información y documentación que puedan solventar esas observaciones”.

La funcionaria estatal reveló que en el caso de Salud Tamaulipas se considera una falta grave, toda vez que se contrató a una empresa que no cumplía con el perfil para proveer los medicamentos, por lo que se procederá a una sanción.

“Se presume, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, que no tenía la capacidad técnica, el expertis para proveer medicamentos especializados en el área de atención, esa queda como falta grave”, resaltó.

De acuerdo al informe de la ASF, durante el 2022 se firmó un contrato por 60 millones de pesos con una empresa para proveer medicamentos oncológicos para unidades hospitalarias en Tamaulipas, no obstante, se descubrió que el domicilio fiscal manifestado ante el SAT y en el mismo contrato correspondían a un domicilio particular, lo que hacía presumir que dicho proveedor no contaba con la capacidad técnica, activos ni personal e infraestructura para entregar los bienes objetos del contrato.

Mientras que en el caso de los pagos a personal docente que había fallecido, Pedraza Melo precisó que el pliego de observaciones pasó a las áreas de investigación para que se dé continuidad jurídicamente a lo que procede en el caso de la SET.