En los últimos años, ha habido un avance significativo en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la comunidad LGBTQIAP+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans, queer, intersexuales, asexuales, y pansexuales), como sabemos esta lucha ha trascendido a través de la historia desde el anonimato hasta su inserción política en la búsqueda de la equidad, igualdad y la construcción de una sociedad más inclusiva, no obstante, el camino no ha sido en ninguna circunstancia sencilla, ni mucho menos amena. Gabriela Alejandra López Rosales realizó el estudio denominado La Ley de Matrimonio Igualitario en México: un avance en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+; ella estudia la Licenciatura en Sociología (UAMCEH-UAT) y fue asesorada por José Francisco Lara Guerrero, profesor de la materia Sociología de Género.

En una versión del trabajo enviada al columnista agrega: Para nuestro país, uno de los hitos más destacados y significativos en la lucha por los derechos de la comunidad ha sido la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Esta legislación ha abierto las puertas a su reconocimiento legal y social, otorgándoles igualdad de derechos y oportunidades en el ámbito del matrimonio, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La movilización social en pro de la comunidad en México tiene su punto de partida a principios de 1970, con la creación del Frente de Liberación Homosexual (FLH), abanderado por Nancy Cárdenas y José Ramón Enríquez, directora teatral y dramaturgo, ellos en el año de 1978, marcharon en conjunto con gais y lesbianas bajo el nombre del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), marcando la historia del país. De tal manera que existieron grupos de apoyo con los cuales marcharon posteriormente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a fin de erradicar la violencia y vivir en un ambiente de respeto y tolerancia (Vázquez. E, 2020).

López Rosales sostiene: Estas agrupaciones promovían la maximización de libertades políticas y sociales así como el reconocimiento de las minorías sexuales. Sin embargo, el contexto político del país marcó un importante escenario que llevaría a este y muchos otros colectivos de la comunidad LGBTQ+ a operar desde lo clandestino en vista del aumento desmedido de la represión estatal frente a las diferentes expresiones de protesta social. Grupos estudiantiles, obreros y de izquierda que de igual forma se manifestaban antes y durante el mismo periodo que nuestros pioneros de la comunidad en México consiguieron que las expresiones de diversidad sexual empezaran a verse como algo perturbador para la sociedad. El presidente del momento, Luis Echeverría, lo señaló en su cuarto informe presidencial, señalando la participación de miembros de las minorías sexuales en acciones terroristas (Lumsden, 1991).

Para la década de los 80’s las crisis económicas ya habían superado los discursos de liberación de movilizaciones pasadas, sumado a ello, la aparición del VIH/SIDA, que afectó contundentemente a la comunidad pues para esa época la trasmisión del VIH se convirtió en un problema de salud pública que afectaba principalmente a las minorías sexuales. El brote de esta enfermedad en México tuvo un impacto muy alto, al grado de devastar a sus líderes y por consecuencia a sus miembros. Pero, además, transformó su actividad, ya que se estableció, como meta principal del movimiento, la supervivencia misma de sus miembros. Toda esta década y parte de los 90´s fue difícil para la comunidad LGBQ+ ya que las minorías sexuales eran culpadas por la enfermedad. Esto generó un discurso persecutorio y una serie de acciones violentas contra ellos, en las que el virus fue llamado la “plaga gay” o el “cáncer rosa, lo que llevó a los activistas a concentrarse en procesos de autoayuda al interior del movimiento (Botero, 2020).

En vista de lo anterior consideramos que es importante reconocer que si bien este suceso enmarcó a la comunidad LGBTQ+ en la historia y percepción social, no todo fue enteramente negativo, el mismo colectivo ha desempeñado un papel fundamental en la concientización y educación sobre el VIH/SIDA en México. A través de organizaciones y activistas, se han llevado a cabo campañas informativas, promoción de la prevención y pruebas de detección del VIH, lo cual ha contribuido a un mayor conocimiento sobre el tema. Al igual que con el acceso a la atención médica, la comunidad LGBTQ+ ha trabajado arduamente para garantizar que las personas que viven con el VIH/SIDA tengan acceso a la atención médica adecuada. Han promovido la inclusión de servicios de salud amigables y han abogado por políticas que aseguren el acceso a tratamientos antirretrovirales y atención integral. Indudablemente la comunidad LGBTQ+ ha demostrado una gran solidaridad hacia las personas afectadas por el VIH/SIDA creando espacios seguros de apoyo, donde se brinda consuelo emocional, información y recursos para lidiar con los desafíos relacionados con la enfermedad (Botero, 2020).

LA INVESTIGADORA subraya: Antes de que se aceptara la ley de matrimonio igualitario en México, la comunidad LGBTQ+ enfrentó una larga y ardua lucha por sus derechos y reconocimiento legal. Aunque México es conocido por ser un país mayoritariamente católico y conservador, ha habido avances significativos en la protección de los derechos de las personas LGBTQ+ en las últimas décadas. Como hemos visto anteriormente, el movimiento por los derechos LGBTQ+ en México se fortaleció a finales del siglo XX. Organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de los derechos humanos comenzaron a trabajar en la visibilización y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, intersexuales, asexuales y pansexuales. Se llevaron a cabo marchas, protestas y campañas para llamar la atención sobre la discriminación y la violencia que enfrentaba esta comunidad.

Puntualiza que para 2003, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en México en aprobar una ley que reconocía las sociedades de convivencia, lo que permitía a las parejas del mismo sexo registrar su unión y tener algunos derechos y beneficios legales similares a las del matrimonio, como la seguridad social y la herencia. Esta ley fue un paso importante en el reconocimiento de los derechos LGBTQ+ en el país y sentó las bases para futuras legislaciones (Chávez, 2017). De igual forma entre los años 2009 y 2010 varios estados mexicanos realizaron reformas a sus códigos civiles para permitir el reconocimiento de las sociedades de convivencia y ampliar los derechos de las parejas del mismo sexo. Algunos de los estados que implementaron estas reformas fueron Coahuila, Colima, Quintana Roo y Nayarit.

En Diciembre de 2009, la Ciudad de México nuevamente se destacó al convertirse en la primera entidad en legalizar el matrimonio igualitario en América Latina. Esta decisión histórica permitió que las parejas del mismo sexo contrajeran matrimonio legalmente en la capital del país (Chávez, 2017). Aunque hubo algunas voces de oposición, esta ley fue ampliamente celebrada por la comunidad LGBTQ+ y sus aliados. Después de la aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, otros estados del país comenzaron a seguir su ejemplo. Uno de ellos fue Quintana Roo en Marzo de 2011 posicionándose como la segunda entidad en México en hacerlo y posterior a ella el estado de Coahuila en septiembre de 2014 convirtiéndose en el tercer estado en aprobar el matrimonio igualitario. Con esto podemos entender que través de recursos legales y presión pública, se promovió la igualdad matrimonial en diferentes entidades.

ALGUNOS ESTADOS aprobaron leyes de reconocimiento de uniones civiles o sociedades de convivencia, mientras que otros optaron por legalizar directamente el matrimonio igualitario. Sin embargo, el proceso no fue uniforme en todo el país. Algunos estados enfrentaron resistencia de grupos conservadores y religiosos, lo que dificultó la aprobación de legislaciones progresistas. Hubo casos en los que los congresos locales rechazaron las iniciativas de matrimonio igualitario o impugnaron las leyes ya existentes. Esto llevó a que se presentaran recursos de amparo ante los tribunales y se desencadenaran largos procesos judiciales. No obstante, gracias a la perseverancia de la comunidad LGBTQ+ y los esfuerzos de los activistas, así como a las resoluciones judiciales favorables, el matrimonio igualitario fue ganando terreno en el país. A medida que más entidades lo aceptaban, se generó un efecto de arrastre a otros estados.

La alumna de Sociología abundó: La SCJN emitió diversas resoluciones entre 2010 y 2015 que establecieron que la negativa de los estados a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo era discriminatoria y violatoria de los derechos humanos. Siendo estas resolución una base sólida para la aprobación del matrimonio igualitario en todo el país. Finalmente, en junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México emitió una histórica declaración en la que declaró inconstitucionales las prohibiciones del matrimonio igualitario en todo el país. Esta decisión marcó un hito importante en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ en México y abrió la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el territorio nacional. La resolución de la SCJN se basó en la interpretación del principio de igualdad.

El artículo 1º de la Constitución establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. En este contexto, la SCJN argumentó que negar el matrimonio a parejas del mismo sexo constituye una forma de discriminación basada en la orientación sexual y, por lo tanto, viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución. El tribunal sostuvo que todas las personas, sin importar su orientación sexual, tienen el derecho fundamental de acceder al matrimonio como una institución legal y social (Fernández, 2019). La decisión de la SCJN se basó en una serie de precedentes establecidos anteriormente por el tribunal. Desde 2010 como se había mencionado con anterioridad, la SCJN había emitido sentencias en las que reconocía el derecho al matrimonio igualitario.

ESTAS SENTENCIAS sentaron las bases para la resolución de 2021, que unificó y reafirmó la postura del tribunal respecto a la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo en todo México. La declaración de la SCJN tuvo un impacto inmediato en el reconocimiento del matrimonio igualitario en el país. A partir de esa resolución, las parejas del mismo sexo pueden acudir a cualquier registro civil en México para contraer matrimonio, sin importar la entidad federativa en la que se encuentren. Esto ha garantizado una mayor uniformidad y coherencia legal en todo el territorio nacional en lo que respecta al matrimonio igualitario. La resolución de la SCJN fue celebrada ampliamente por la comunidad LGBTQ+ y sus aliados, así como por organizaciones de derechos humanos y defensores de la igualdad. Se reconoció como un paso significativo hacia la inclusión y el respeto de los derechos de las personas LGBTQ+ en México.

Además, esta decisión ha generado un impulso para seguir trabajando en la eliminación de la discriminación y la promoción de la igualdad en otros ámbitos de la sociedad. Definitivamente el camino hacia la igualdad y la inclusión en México ha sido complicado, la ley de matrimonio igualitario para nuestro país representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la comunidad LGBTQ+. Al garantizar que todas las parejas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tengan acceso al matrimonio y a sus beneficios legales y sociales garantizando su igualdad de derechos y protección jurídica se promueve no sólo la igualdad y la dignidad de todas las personas, sino que también, se visibiliza la lucha constante de este colectivo y las grandes adversidades y obstáculos que han tenido que enfrentar a través de los años para lograr actos que parecieran pequeños para otros.

Su impacto en legislaciones como esta muestra como sí es posible fomentar un clima de respeto y aceptación en la sociedad y la cultura hetero-normada que hemos arrastrado como país y mundo desde muchos años atrás, la batalla contra la discriminación y el estigma no acaba aquí, si bien la aprobación de esta ley es un paso importante para seguir creando más cambios que rompan esas diferencias y divisiones político-sociales, será la perseverancia y la manifestación de grupos sociales y sectores de la población como la comunidad LGBTQ+ quienes nos acercarán cada vez más a la construcción de sociedades inclusivas, justas y equitativas para todos. Vale mencionar que el reporte de la futura socióloga incluyó referencias de autores e instituciones prestigiadas como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM así como las diversas reformas a la legislación federal y de algunas entidades federativas.

Correo: amlogtz@gmail.com

Ambrocio López Gutiérrez

Periodista y Sociólogo.
Columnista en diversos medios  electrónicos e impresos.
Redactor en el equipo de Prensa de la UAT.
Profesor de horario libre en la UAM de  Ciencias, Educación y Humanidades.