1.- Ahora que están nuevamente en el tapete de discusión la “compra-venta” de lotes en la playa de Miramar, que fueron ofertados con fines de desarrollo turístico durante el anterior sexenio, déjeme contarle que de acuerdo a mi apreciación personal los terrenos en zona federal no pueden ser objeto de enajenación, quizá pudieron extenderse protocolos legales para concesionar determinada superficie, en un determinado tiempo, pero no definitivo, incluso con renovación o ampliación del periodo concedido.

Si existiera una compra-venta legal, los “propietarios” de terrenos en Miramar, tendrían en este momento una escritura que los estaría avalando, lo hubiesen o no dedicado al desarrollo turístico. Confieso que no poseo la suficiente información al respecto, pero si tengo la experiencia que me compartió un importante ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles (GEA) propietario de los hoteles Camino Real.

En un Tianguis Turístico celebrado en Acapulco en los tiempos de Ernesto Zedillo, le pregunté a un ejecutivo del GEA porque no desarrollaban algún proyecto hotelero en Miramar, y en cambio lo estaban haciendo (en aquel tiempo) en Altamira, y la respuesta fue la siguiente.

“No hay certidumbre en la posesión del terreno, y no podemos invertir en un edificio, que no vamos a poder enajenar en algún momento si así se requiriera. Si por alguna razón no tuviera éxito y quisiéramos vender el edificio, difícilmente alguien lo va querer adquirir en esas condiciones”.

Creo que eso describe la situación de los lotes de Miramar, claro que es importante asignarlos por el protocolo legal conveniente, que asegure la inversión con miras empresariales, por ejemplo 50, o 70, quizá 100 años de posesión, tiempo suficiente para recuperar la inversión y tener ganancias.

Es importante y los señores diputados deben manejarlo con claridad, y al margen del procedimiento empleado por el anterior gobierno (2016-2022), cual y como sería el procedimiento legal que proporcione certidumbre al desarrollador turístico, porque indudablemente que son inversiones que se requieren para impulsar el desarrollo económico de la zona.

Deja un mal antecedente la experiencia de quienes creyeron realizar una adquisición de derechos sobre lotes de Miramar con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, basado en el decreto 64-609 de 2021.

Los hombres que protagonizaron esa historia y nombres de estos pasan, pero las instituciones prevalecen, los años van a borrar el nombre del gobernante, pero no de la institución, por eso es importante establecer reglas claras, el condicionamiento para hacer uso de la superficie, para que no se frene por este mal antecedente el desarrollo de Miramar.

2.- La cuestión es que el tema tiene sus “asegunes”, que no son ni fácil, ni rápido de resolverse porque hay afectados. Por una parte los empresarios que confiaron en los beneficios de un decreto no se les puede ahora acusar de complicidad cuando está en riesgo parte de su patrimonio. Cualquiera se va con la idea de legalidad cuando se refiere a un “decreto del Congreso de Tamaulipas”, nadie se imaginó que se tratara de algo fuera de la ley, quizá por falta de información, y ese fue el caso de estos hombre o mujeres de negocios.

Si alguien cuida su capital, eso son los empresarios. Ellos creyeron que efectivamente se abría una puerta de oportunidad, como lo creyó la de la pluma.

Tuvimos nuestras dudas en su momento, por los antecedentes que conocíamos, pero se trataba de un ¡Decreto! No podíamos pensar que hubiese una mala intención y además estaba de por medio una magnífica oportunidad de desarrollo para la playa de Miramar y los municipios de la zona sur donde tiene su influencia.

Ojalá que los señores diputados y el propio Gobierno del Estado, encuentren una solución que no frene la inversión, hay responsables muy claros en esta historia, pero no puede perderse de vista el futuro económico, no sólo de Miramar, que es Cd. Madero, sino de Tampico, íntimamente desarrollado con los visitantes de la playa.

LA UAT CONTRIBUYE EN LA CULTURA DE PAZ.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas tendrá un papel destacado en el Proyecto Integral de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al participar en la celebración del encuentro regional, zona norte, denominado "Cultura de paz, igualdad y derechos humanos. Repensar lo humano", que tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

De esta manera la UAT será parte de la iniciativa nacional, en la que demuestra su compromiso continuo con la promoción de los valores fundamentales de justicia, libertad, dignidad y democracia en la sociedad.

Habrá una serie de encuentros regionales que se desarrollarán en todo el país, culminando con el encuentro internacional el 10 de diciembre en la Ciudad de México.

La participación de la UAT en estas actividades confirman su compromiso con la promoción de los valores fundamentales de justicia, libertad, dignidad y democracia en la sociedad.

Los encuentros regionales y el encuentro internacional están diseñados para promover una agenda que trascienda lo teórico y se traduzca en acciones concretas para que los derechos humanos sean una práctica colectiva y viviente, compartida entre diversos sectores, incluyendo la academia, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y colectivos. 

Ana Luisa García García

(15-Nov-1950) es licenciada en Periodismo por la Universidad Veracruzana generación 1969-1973.

Ejercicio profesional en los siguientes medios: El Dictamen de Veracruz, El Diario de Cd. Victoria, El Universal y Ovaciones en la Cd. de México, El Heraldo de Tampico. Autora de la columna Argot Político en El Mercurio de Tamaulipas (1988-1989) y de la columna Presencia publicada en La Verdad (1987-2016) y en diferentes portales informativos.