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Sección: Editoriales / Opinión Económica

OCDE asesora a México en pobreza y educación

Por: Jorge Lera Mejía

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13/09/2012 | Actualizada a las 22:28h
Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctorando en Administración Pública (UAT). Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas. Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT.


El pasado miércoles se firmó el acuerdo para el crecimiento económico de México, entre el presidente electo Enrique Peña Nieto y el director de OCDE, José Ángel Gurría Ordoñez.
 
México iniciará el 2013 como una de las grandes promesas entre las economías emergentes. La perspectiva de un repunte de la actividad económica en EUA, a partir del tercer trimestre y el encarecimiento de los costos de producción manufacturera en China, aunados a las recientes medidas de mejora regulatoria y de apertura comercial a través de la red de tratados de libre comercio con la que cuenta el país, hacen de México una de las plataformas de inversiones más atractivas de cara al próximo decenio.
 
Por ello, a continuación repasaremos los activos y pasivos, y las recomendaciones que señala la OCDE en su acuerdo con México, en lo relacionado a la pobreza y la educación:
 
POBREZA Y DESIGUALDAD: México ha impulsado iniciativas muy interesantes en materia de alivio de la pobreza. El programa Oportunidades, por ejemplo, que se puso en marcha en 1997, por las administraciones del PRI, es una de las iniciativas más innovadoras y exitosas para el combate a la pobreza extrema.
 
En 2010, el programa atendió a unos 5.8 millones de familias. Oportunidades ha contribuido a aumentar las tasas de escolarización y ha facilitado la transición entre la educación primaria y secundaria. Las evaluaciones recientes demuestran que también ha mejorado la salud infantil en las familias beneficiarias.
 
Un programa más reciente es el Seguro Popular, creado con el fin de proporcionar atención médica, servicios de prevención y protección financiera a la población que carece de cobertura sanitaria en las instituciones de seguridad social.
 
A pesar de los notables avances realizados, aún persisten retos importantes que deben afrontarse con miras a reducir la pobreza y la desigualdad en México.
 
Si bien el gasto público social pasó de menos del 2% del PIB en 1985 al 7.2% en 2007, este nivel apenas representa un poco más de la tercera parte del gasto porcentual promedio que realizan los demás países de la OCDE.
 
Recomendaciones claves de la OCDE:
 
Ajustar la cobertura de los programas para incluir a todos los segmentos de la población pobre. Complementar esos programas con medidas encaminadas a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación.
 
Sustituir los subsidios por transferencias en efectivo para los más pobres. Revisar la eficacia de programas como DICONSA y LICONSA, y racionalizar los numerosos programas sociales para evitar duplicidades y aprovechar las sinergias.
 
Analizar la combinación de medidas encaminadas a combatir la pobreza y promover el desarrollo rural, reforzando la colaboración entre las diversas partes interesadas.
 
Aumentar la productividad del IMSS para prestar servicios de salud de más calidad a menor costo. Asimismo es necesario aumentar los servicios de educación.
 
Aplicar medidas para ampliar las oportunidades de empleo en la economía formal y proporcionar a los trabajadores alicientes para que busquen empleo en ese sector.
 
EDUCACIÓN: El sistema educativo mexicano ha crecido a paso acelerado durante las décadas pasadas: de poco más de tres millones de estudiantes en 1950 a más de 33 millones en 2009. En la actualidad, la escolarización de los niños entre 5 y 14 años de edad es casi universal.
 
Asimismo, en los últimos decenios se han logrado avances significativos en el número de alumnos que completan la primaria y en la creación de un marco institucional para evaluar los resultados del aprendizaje.
 
La proporción de alumnos que completó la educación secundaria aumentó del 33% en 2000 al 45% en 2009, lo que redujo el diferencial de desempeño de los estudiantes mexicanos con el de los demás países de la OCDE.
 
Un dato revelador es que entre 2000 y 2009 el número de jóvenes de 15 años de edad inscritos en la escuela aumentó en casi 15 puntos porcentuales, pasando del 52% al 66%; el mayor incremento registrado en un país de la OCDE en dicho periodo. A pesar de que una proporción considerable de ésta (el 15%) vivía con menos de dos dólares al día.
 
México es el país de la OCDE que cuenta con el mayor porcentaje de estudiantes con el nivel más bajo de lectura con el 40.1% (en comparación con la media de la OCDE, que es de un 18.8%). En el otro extremo del espectro, México es el país de la OCDE que cuenta con el menor porcentaje de estudiantes clasificados en los niveles superiores.
 
Recomendaciones claves de la OCDE:
 
Mejorar los programas de formación y capacitación del profesorado, así como el proceso de asignación de personal docente a las escuelas. Estos cambios deben acompañarse de un sistema de evaluación bien concebido y rigurosamente aplicado.
 
Perfeccionar el sistema de evaluación, centrarlo en los resultados del aprendizaje y aprovechar las estadísticas de rendimiento académico para configurar evaluaciones conjuntas en las escuelas, a fin de mejorar dicho rendimiento.
 
Deberían formularse criterios en materia de planes de estudio y resultados académicos, tanto para los alumnos como para los docentes, con miras a fomentar la transparencia profesional entre maestros y directores, y velar por el compromiso y la motivación de los agentes pedagógicos, a fin de mejorar los rendimientos educativos.
 
Crear un sistema coherente de formación técnica y profesional que haga hincapié en la calidad docente, mejore la certificación de los conocimientos y elabore un mecanismo unificado de consultas con el empresariado para facilitar las prácticas profesionales.
 
Revisar el financiamiento de la educación superior, evaluando el equilibrio entre costos públicos y beneficios sociales, mejorando la transparencia de la asignación de fondos a las instituciones y ampliando y haciendo mas equitativos los mecanismos de apoyo a los estudiantes de escasos recursos.
  En siguientes colaboraciones se tocará lo referente a empleos, comercio exterior, política energética, entre otros sectores claves de la economía (agradezco al Dr. Ernesto García Marín por compartir algunas de estas aportaciones).

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