El Anzuelo...
Hay diablos que se pintan de cenizas y no se manchan...
por El Fisgón
;)
Ley de Asociaciones Público-Privadas
Por: Luis Lauro Carrillo
Analista político, autor de la columna Cuestión Pública publicada en el periódico de La Verdad de Tamaulipas, en el portal digita HOYTamaulipas, entre otros
La reciente aprobación de la Ley de Asociaciones
Público-Privadas (APP), es una
confirmación más de que el neoliberalismo llego para quedarse, donde gobierno
panista igual que sus antecesores benefician excesivamente al sector privado,
al mismo tiempo que persigue a trabajadores a sus líderes y criminaliza sus
luchas.
Se debe señalar que el esquema de prestación de
servicios es una modalidad de las asociaciones público-privadas, impulsadas
durante la última década por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), en los países de América Latina y el
Caribe.
Cabe subrayar que el capital privado se encarga
de financiar y ejecutar el diseño y la construcción de infraestructura pública
o de su mejoramiento, operación y mantenimiento, y el sector público define la
política y regula la infraestructura, ambas partes asumen los riesgos del
proyecto.
En ese contexto el ente público paga una renta
mensual o anual al privado y, al final del periodo del contrato, el sector
público tiene el control de la obra.
Cabe decir que desde 2004, el gobierno federal y
los estatales celebraron contratos de prestación de servicios de largo plazo
con la iniciativa privada en 29 proyectos. Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Nuevo
León, el Estado de México, Durango, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato,
Tamaulipas y el DF son las entidades que recurrieron al esquema para financiar
proyectos de infraestructura.
Por tanto con las asociaciones públicas privadas el gobierno,
en los hechos ha venido a legitimar y legalizar anticonstitucionalmente contratos
para realización de infraestructura hospitalaria, carretera, educativa, transportes, y generadores
de energía.
Está claro que el gobierno con esta ley está renunciando de hecho a realizar la obra pública de
infraestructura que, incluso en medio de ligerezas de criterio, había venido
efectuando bajo otras siglas partidistas durante largas décadas y con un éxito
variable aunque notable.
En ese tenor parece que vivimos en un sistema de tolerancia, complicidad,
ignorancia e irresponsabilidad jurídica, al aprobar una ley como la de
Asociaciones Público-Privadas, sin condiciones ni limitaciones o candados en la
práctica.
En la real politik se trata de una ley que pretende entregar a particulares
actividades del estado, para darles mayores beneficios desde una óptica
neoliberal, con presupuesto público, convirtiendo al Estado en un mero administrador
de contratos, renunciando a sus obligaciones constitucionales.
Como podrá verse el despojo patrimonial al país que esto implica va a quedar
institucionalizado y permitido por esta ley, totalmente en contra de lo
prescrito en la Constitución y en las leyes que regulan la actividad económica
del Estado.
En definitiva con la Ley de Asociaciones Público-Privadas el
gobierno federal ha renunciado en forma irresponsable a que el Estado cumpla
con sus obligaciones constitucionales, por una virtual sustitución del
Estado por los particulares quienes se encargarán de realizar las obras o
servicios públicos que corresponden al Estado.
lucarrso@hotmail.com
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