Hay descomposición

Aun cuando en México existe una amplia y sólida estructura jurídica que norma la conducta entre los individuos a través de instituciones diversas, se adolece de cultura para acatar y respetar las leyes.
 
Tan pronto entra en vigor un nuevo ordenamiento, inmediatamente se incumple pese a tener conciencia de estar actuando al margen de la ley; y que en razón de ello podría venir una sanción.
 
Reza un principio jurídico que la ignorancia del precepto no exime de la culpa al infractor, por lo que nadie se salva de verse inmerso en problemas legales, en un momento dado, si como frecuentemente ocurre soslayamos nuestras obligaciones como personas y ciudadanos.
 
Lo peor del caso es que como “buenos mexicanos” tenemos especialización en retorcer leyes y reglamentos, o en encontrarles las interpretaciones que más nos favorezcan.
 
Otra salida es recurrir al “influyentismo” o de plano al cohecho, a fin de no ser alcanzados por el brazo de la justicia ante un ilícito cometido.
 
En el colmo del cinismo, hemos oído hasta la saciedad la ordinaria frase que se sostiene que las leyes se hicieron para violarlas; y a fuerza de tanto escuchar el absurdo algo se queda en el colectivo social, como si fuera motivo de orgullo.
 
De ahí que las autoridades todas, hoy quieran inculcar de manera sistemática valores cívicos a los niños, adolescentes y adultos, porque tarde se han dado cuenta de que la problemática corroe el tejido social y no encuentran la forma de que la ley se respete.
 
Ejemplo ausente
En honor a la verdad, lejos estamos de alcanzar el ideal propuesto por los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal--, toda vez que el mal es profundo.
 
Contribuyen a la descomposición las marcadas diferencias de clase, injusticias y falta de oportunidades para importantes segmentos sociales que, en definitiva, no ven por ninguna parte la famosa y pregonada equidad; menos el respeto a sus elementales derechos.
 
Digamos a la salud, el trabajo y la educación.
 
Claro que el camino para el respeto a la legalidad no es la revuelta o la desobediencia pública ante tanta marginación y desigualdad, pero sí la exigencia de que la autoridad cumpla lo establecido en la ley y predique con el ejemplo.
 
Ocurre que en reiteradas ocasiones los encargados de aplicar la ley ignoran éstas, tanto o más que las organizaciones civiles y los partidos políticos.
 
Es aquí, entonces, cuando surge la necesidad de recomendarle a las autoridades que abreven en la sentencia de que el juez, por su casa empieza.
 
Ya ve Usted que hay cuñados y hermanos, compadres, socios y hasta asesores que cotidianamente quebrantan el marco legal y nadie dice ni hace nada pa’ meterlos en cintura.
 
¿Acaso por no darse cuenta de su abuso o ser, precisamente, el modelo s seguir?
 
Lo cierto que es el buen ejemplo aún no surge por ningún lado..
 
Acuerdo inhumano
 
La emigración de mexicanos hacia los Estados Unidos es un fenómeno que se registra cotidianamente a lo largo de la frontera que compartimos con la potencia económica más importante del mundo.
 
Nuestros compatriotas exponen su vida propia y en ocasiones la de su familia, en su búsqueda de un empleo que les permita sobrevivir.
 
Durante años y pese a las leyes, vigilancia y hasta la represión recurrente de parte de las autoridades y los rancheros del vecino país del norte, los ilegales han estado dispuestos a poner en riesgo su vida al cruzar la frontera, aun sabiendo que del otro lado encontrarán el exacerbado racismo que se esconde tras el aparente paraíso de la libertad.
 
Pero puede más la necesidad que los temores a caer en las garras criminales y así se lanzan a la aventura; incluso estando conscientes de que no existen las condiciones ni garantías de que su humanidad pueda ser respetada.
 
Los medios de comunicación regionales, estatales y nacionales, a diario dan cuenta de la fatalidad que persigue a los indocumentados, que, cuando no sucumben en las aguas del Río Bravo o mueren deshidratados en el desierto de Arizona y Nuevo México, son “cazados” por bandas de fascistas que han incubado un odio desmedido en contra de razas distintas a la suya, “orgullosamente blanca y superior”, según su infame percepción.
 
Incluso la patrulla fronteriza no se anda con miramientos cuando captura a los indocumentados, a quienes somete de manera avasalladora y represiva.
 
Organismos independientes de ambos lados de la frontera exhiben constancia de ello, al igual que lo han hecho los medios de comunicación que recogen testimonios de la forma cruel e inhumana en que actúan los uniformados en contra de nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos.
 
Según el secretario de Gobernación, Alejandro Piré Romero, antes de que concluya la administración calderonista habrá una nueva política migratoria del Gobierno Federal, cuya finalidad es el pleno respeto de los derechos humanos de toda persona que cruce por territorio nacional, independientemente de su origen.
 
Esto lo dijo al hacer un balance de la situación migratoria que registra la frontera sur de México, y reconoció que el problema ha sufrido cambios considerables.
 
Pero del dicho al hecho, hay un mar de diferencia.
 
Abusos e inseguridad
 
El peligro y los abusos que enfrentan los indocumentados también se dan en territorio mexicano.
 
Acá de este lado, en los días previos al cruce, regularmente se les mantiene hacinados en algún punto fronterizo --a merced de las bandas de “polleros”--, hasta el  momento mismo de su internación.
 
Sobre la línea divisoria hay bandas de asaltantes y criminales, aparte de los traficantes de indocumentados, cuyo insano propósito es practicar el robo, el homicidio y las violaciones de aquellos inocentes que no se pongan a “tono” con los jefes, como se ha denunciado a diario en toda la frontera norte de México.
 
Los traficantes de indocumentados, por su parte, funcionan con total impunidad en la franja fronteriza, siempre protegidos por las autoridades policíacas y los funcionarios de migración, en base al pago puntual de “cuotas”.
 
Son reiteradas las historias que se cuentan sobre los grupos de indocumentados que han sido abandonados a su suerte luego de haber entregado las sumas de dinero convenidas, o que son recogidos en estado grave merced a las golpizas recibidas para quitarles sus pocas pertenencias.
 
Si bien les va a los indocumentados y logran internarse en los Estados Unidos, seguirán viviendo en un contexto de incertidumbre y mal trato de parte de los empleadores que, las más de las veces, explotan inmisericordes la fuerza laboral cuando se trata de ilegales que no pueden alzar la voz.
 
Pobre ayuda
 
El gobierno federal de nuestro país, al pretender congraciarse con las autoridades norteamericanas, ha signado convenios con su contraparte a través de la cancillería, en los que infamemente autorizó el uso de armas en contra de los indocumentados.
 
Es decir, a nuestros connacionales los pueden agarrar de señuelos en la práctica del tiro al blanco, ya que la patrulla fronteriza utiliza balas de goma, rellenas de gas pimienta, que si bien es cierto no ponen en riesgo la vida de las personas, al menos significan una ruin vejación a los más elementales derechos humanos.
 
Y de eso tiene mucho qué decir la canciller Patricia Espinosa Cantellano.
 
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