Iniciativa, al pleno

La modificación estructural del aparato burocrático está en camino de ser una realidad.
 
Y no tiene por qué inquietar a nadie.
 
Menos cuando la iniciativa de decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal la diseñó el gobernador Egidio Torre Cantú, por voluntad propia, haciendo uso de sus facultades para cambiar a su libre arbitrio lo que considera ha sido disfuncional en su régimen.
 
Ayer la Comisión Permanente de la LXI Legislatura (por unanimidad) aprobó el documento, por lo que sólo resta que el pleno lo dictamine (vía sesión extraordinaria), a más tardar, la semana próxima.
 
Cierto es que al nuevo secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos le espera una responsabilidad mayúscula –Morelos Jaime Canseco Gómez es el nombre que más suena para acceder al cargo--, pero así lo decidió el mandatario, como también dispuso restar atribuciones a otras áreas, o transferirles nuevas responsabilidades.
 
A la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) igual se le otorga una nueva asignatura: coordinar administrativamente el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), lo que sin duda será una garantía de su buen manejo y funcionamiento, ya que el titular del sector, Homero de la Garza Tamez, conoce a fondo la operación del organismo por haber sido director de éste y secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que es la cartera de donde (aun pero por poco días más) depende el Itavu.
 
El documento consigna otros movimientos estratégicos para la sana operación de la administración pública –como seguramente hoy refieren los medios de comunicación masiva--, y, repito, la semana próxima serán concretados cuando el pleno legislativo apruebe su contenido.
 
Centralización
 
La administración de los recursos económicos federales –lo advierte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos--, es atribución exclusiva del Presidente y no existe forma, al menos hasta ahora, de disputarle en términos legales cómo, cuándo y dónde ejercer el gasto.
 
Por eso hay colaboradores de Felipe Calderón Hinojosa que todavía se rehúsan a compartir con los gobernadores de extracción priista las asignaciones del gasto social –aprobado en tiempo y forma por la LXI Legislatura que ya va de salida--, a fin de evitar que éste se realice equitativamente, para ellos seguir ejerciéndolo de manera centralista, al menos durante los tres meses y días que restan a la administración del actual señor de Los Pinos, en beneficio de las entidades que regentean militantes albiceleste.
 
A ello obedece que los nuevos senadores y diputados federales, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los partidos políticos, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), sindicatos y todas las agrupaciones de la sociedad civil, mantengan firme la convicción de que es inaplazable revisar el marco jurídico del Pacto Federal, pues legalmente éste ya resulta atentatorio contra los que menos tienen.
 
Dicho en otras palabras, en una errónea interpretación del artículo 90 de nuestra Carta Magna, los secretarios federales de Desarrollo Social (Sedesol) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), amparan su proceder exclusivo y excluyente (del manejo de recursos) con desplantes centralistas que nada tienen qué ver con la disposición jurídica que determina concentrar los dineros públicos para su repartición justa y equilibrada.
 
Hago esta reflexión ante la necesidad que existe de revisar el marco jurídico, a fin de que los 31 entados de la República Mexicana y el Distrito Federal, como entidades libres y soberanas que son, en el 2013 tengan mayor participación en el manejo de los ingresos recabados vía impuestos.
 
Sobre todo en lo que respecta al manejo del rubro social, insisto, pues de cada peso que las entidades fronterizas envían a la Federación, ésta sólo les regresa alrededor de cinco centavos y quizá hasta diez (cuando bien les va), obligándolos a subsidiar otros estados con índices graves de marginación y pobreza y, lo peor, negándoles (a los regímenes subsidiarios) la oportunidad de ayudar a sus pueblos directamente, pues la Federación da en agrupar políticamente el manejo de esos dineros.
 
En fin, el tema es tan interesante que amerita otro análisis.
 
Sobre todo cuando allá en Los Pinos malamente se interpreta el Pacto Federal.
 
Y eso que el mentado “hijo desobediente” está a punto de salir de Los Pinos.
 
Actitud retrógrada
 
Sé que el gobernador Egidio Torre Cantú convencido está que la aplicación de los recursos federales, en cuanto al rubro social, hasta hoy resulta errónea.
 
Y por ello creo que el secretario estatal de la Sedesol, Homero de la Garza Tamez, ya tiene la encomienda de que a partir del 1 de diciembre del año que cursamos, debe trabajar estrechamente con los legisladores federales priistas (que estrenan cargo el 1 de septiembre venidero), para que éstos se convenzan de que es necesario impulsar una iniciativa que autorice a los estados y municipios participaran legalmente en las tareas de operación de esos recursos, pues sólo de esta manera se evitaría su manejo discrecional y centralista.
 
Y más cuando las reglas actuales de operación de dependencias como la Sedesol y la Sagarpa son retrógradas, ineficientes e injustas, ya que entidades como Tamaulipas son desplazadas (en la aplicación del gasto social), a pesar de las contribuciones fiscales que aquí se recaudan y van a las arcas de la Federación.
 
Revés a ganaderos
 
Los ganaderos que en el pasado tanto se enriquecieron con la venta de animales a precios estratosféricos, podrían empezar a pagar las consecuencias de haber especulado con los precios de sus productos, pues la Sagarpa ya probó nuevas solicitudes para la importación de carne deshuesada de bovinos provenientes de la Unión Americana.
 
Por tanto, en lo sucesivo los precios de la carne en canal podrían ir a la baja, so pena de que el mercado se niegue a consumir el producto nacional por ser caro y de dudosa calidad.
 
Qué triste situación la de los ganaderos.
 
Y lo peor del caso es que el pueblo no lloriquea su desgracia.
 
Sector obsoleto
 
El hecho de que el sector obrero priista sea el que menos presencia tendrá en el Congreso de la Unión que está por estrenarse, ofrece la lectura de que sus dirigentes carecen de fuerza y reconocimiento allá en el equipo del virtual Presidente, Enrique Peña Nieto.
 
Esta misma razón es suficiente para que los miles de asalariados tamaulipecos ya piensen desprenderse del tutelaje de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), para engrosar las filas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), o, en su defecto, afiliarse a la Federación de Organizaciones Sindicales de Tamaulipas (FOST), pues no están dispuestos a tolerar más a Joaquín Gamboa Pascoe (su dirigente nacional) ni a Edmundo García Román (su pastor estatal).
 
Incluso las figuras de ambos se notan más devaluadas cuando en toda la geografía estatal suman decenas de miles los obreros que perciben salarios de hambre que resultan insuficientes para cubrir al menos la canasta básica, y ofensivos cuando se comparan con los jornales que se pagan en otras entidades.
 
En un análisis entregado a este columnista, se dice que a los tamaulipecos que conforman la población económicamente activa, actualmente se suman tres mil 600 solicitantes de empleo, estrellándose contra una exigua oferta que ahonda la tragedia de miles de familias sin ingresos, y agigantan, a la vez, la pléyade de delincuentes que para sobrevivir recurren a las actividades ilícitas.
 
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