Fustigan privilegio a funcionario implicado en "Rápido y Furioso"

Washington, Estados Unidos.- Legisladores republicanos cuestionaron hoy la decisión del liderazgo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de otorgar licencia con goce de sueldo a un alto funcionario implicado en la operación "Rápido y Furioso".
 
El senador Charles Grassley y el representante Darrell Issa denunciaron que el funcionario Bill McMahon recibió la licencia mientras fue contratado simultáneamente por una empresa privada de servicios financieros con un salario anual de más de 100 mil dólares.
 
“Dado el gran papel de McMahon en el escándalo de ‘Rápido y Furioso’, la decisión de aprobar el permiso extendido a fin de lograr elegibilidad de una pensión (...) genera preguntas sobre la conveniencia del arreglo y sobre el juicio del liderazgo de ATF”, señalaron en una misiva.
 
La carta de Grassley e Issa, quienes encabezas la investigación sobre "Rápido y Furioso" en la Cámara de Representantes, fue enviada al director en funciones de la ATF, Todd Jones.
 
McMahon, subdirector general adjunto de la ATF, supervisó la oficina de la ATF en el suroeste de Estados Unidos durante la aplicación de "Rápido y Furioso", que permitió el ingreso ilegal de más de dos mil armas a México.
 
Fue uno de los cinco altos funcionarios de la ATF responsabilizados parcialmente por el fiasco de "Rápido y Furioso", en un primer informe de dos mil 359 páginas de extensión elaborado por la mayoría republicana del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
 
Desde el inicio de la pesquisa, los cinco funcionarios han sido reasignados dentro de las filas de la ATF, la cual experimentó a su vez una transformación interna a raíz de "Rápido y Furioso".
 
La investigación de los republicanos es el primero de tres reportes que serán entregados por el Comité de Supervisión, en momentos que aun se aguarda la divulgación del informe especial que elabora el Inspector General del Departamento de Justicia.
 
Aunque Eric Holder declaró que el reporte oficial será dado a conocer este año, no existe un plazo ni una fecha tentativa de su conclusión.
 
Tanto el liderazgo demócrata del Senado como la Casa Blanca han denunciado la investigación de los republicanos como un intento de anotarse puntos políticos en un año electoral, en lugar de reforzar la legislación que ayude a frenar el tráfico de armas a México.