Promete Fifonafe abatir adeudos a núcleos agrarios

Ciudad de México.- El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), órgano descentralizado de la  Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), fortalecerá su trabajo para abatir los adeudos pendientes a núcleos agrarios por expropiaciones realizadas en años anteriores.
 
El Fifonafe es el encargado de supervisar que se cumpla con la causa de utilidad pública cuando se realiza alguna expropiación a ejidos o comunidades y también verifica que se hagan los pagos indemnizatorios correspondientes a los campesinos afectados.
 
Durante la sesión de trabajo del Comité Técnico del Fifonafe, su titular, Maribel Méndez de Lara, dijo que este organismo lleva a cabo las gestiones necesarias para abatir los adeudos a núcleos agrarios a los cuales se les debe un monto histórico de 200 millones de pesos por indemnizaciones pendientes, derivadas de expropiaciones promovidas por los gobiernos federal, estatales y municipales.
 
Agregó que los adeudos corresponden a 217 decretos expropiatorios a núcleos agrarios por una superficie de 11 mil 450 hectáreas que fueron expropiadas para la construcción de diversas obras de infraestructura, como presas o carreteras, o por el ordenamiento urbano.
 
Subrayó que de las indemnizaciones pendientes por saldar, sólo 16 corresponden a decretos publicados durante la presente administración, durante la cual se han publicado 114 decretos expropiatorios. 
 
En lo que va de la presente administración, el Fifonafe ha recuperado 2 mil 400 millones de pesos por indemnizaciones hechas a los ejidatarios en administraciones anteriores y que no habían sido pagadas a los campesinos afectados.
 
Méndez de Lara mencionó que además se encuentran en proceso 125 juicios de reversión en aquellas expropiaciones que en las que no se cumplió con la causa de utilidad pública, después de cinco años de haber sido publicadas, y que, por tanto, las tierras deberán ser reintegradas a los núcleos agrarios en beneficio de los campesinos. 
 
Dijo que en lo que va del año se han realizado 73 supervisiones a decretos expropiatorios para corroborar si cumplen o no con la causa de utilidad pública.