Por: Luis Lauro Carrillo06/12/2011 | Actualizada a las 09:16h
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La
denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional por el grupo de
ciudadanos del "movimiento contra la violencia" en contra del
presidente Felipe Calderón y dealgunos
de sus colaboradores, que motivó una reacción furiosa e intimidatoria,
inapropiada de un jefe de estado.
Así pues los 23 mil ciudadanos firmantes de la denunciaacusan a Calderón Hinojosa y a su gabinete de
seguridad por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad, cometidos en el
sexenio, a causa de la lucha contra de la delincuencia organizada.
Cabe subrayar que la respuesta de la Presidencia de la República fue un
comunicado oficial, en el cual expresa que se exploran todas las alternativas
para proceder legalmente contra los ciudadanos firmantes, a su vezrechazan de manera categórica dichas
imputaciones calificándolas de falsas temerarias y calumniosas que dañan a
personas e instituciones y el buen nombre de México.
Más allá de la bravata presidencial y de que no se procederá contra los denunciantes
en aras de la libertad de expresión, jurídicamente es improcedente que la acusación contra el presidente Felipe Calderón
sea admitida por la Corte Penal Internacional, aunque si estudiada por su
Fiscalía General, que tendría que determinar si hay evidencias suficientes para
investigar lo que ocurre en México.
¿Por qué afirmamos que es jurídicamente improcedente la denuncia? Porque la CPI
de la que México forma parte es una instancia para perseguir genocidas en el mundo,
y sólo actúa en aquellos casos dirigidos por el Consejo de Seguridad de la ONU
y en países parte de los Estatutos de Roma, cuyas instituciones son incapaces
de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad.
Porque la CPI tiene un carácter complementario de las jurisdicciones
penales nacionales, lo que significa que no podría actuar, salvo que los
tribunales mexicanos se hubieran negado a conocer la denuncia contra Calderón.
Porque los ciudadanos querellantes antes de acudir a la CPI no agotaron otras
instrumentos jurídicos de protección como el juicio de amparo o la controversia
constitucional.
Porque los quejosos tampoco cumplieron con los requisitos de admisibilidad que
prevé el Estatuto de Roma, porque además la CPI sólo tiene competencia para los
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Lo que en términos
jurídicos ninguno de estos supuestos se ha configurado.
Comparar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos
por Estados autoritarios orientados al
exterminio parcial o total de una población por razones étnicas, religiosas o
políticas, con la lucha contra la delincuencia
organizada por un gobierno de incipiente democracia, no hay materia para sustentarla
o fundarla.
Por consiguiente el caso de México no puede compararse con Uganda, Sudan, o la
República Popular del Congo, ni Libia o Costa de Marfil donde si hay
investigaciones de delitos de lesa humanidad. Tampoco nuestro país se parece a Afganistán,
Georgia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria, donde la Corte Penal
tiene investigaciones preliminares.
Aquí surge la pregunta obligada ¿Qué es lo que persigue ese grupo de ciudadanos
al acusar al Presidente Calderón ante la CPI?:
La respuesta podría ser: vengar los agravios por el presunto “robo” de la
elección presidencial de 2006, estimulada por un sector mediático adicto a
Andrés Manuel López Obrador.
Desacreditar mediáticamente al presidente de la republica como el principal
mata mexicanos y contribuir de esta manera a que en las elecciones de 2012 el
PAN resulte derrotado, como seguramente así acontecerá, de paso dándole una buena
ayudada al PRI, a Enrique Peña Nieto y a la delincuencia en general.
En definitiva, la denuncia presentada ante la CPI por el grupo "movimiento
contra la violencia" en contra del presidente Felipe Calderón,
jurídicamente es improcedente porque la Corte solo funciona cuando un país no
juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal internacional,
pero políticamente restaimagen al
presidente y contribuye a que el PAN salga derrotado en el 2012.
Analista político, autor de la columna Cuestión Pública publicada en el periódico de La Verdad de Tamaulipas, en el portal digita HOYTamaulipas, entre otros
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