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Sección: Policía / Ciudad Victoria

Detiene PGJ a esposa de funcionario del ITCA

Personal de la Procuraduría General de Justicia detuvo a Edith Nallely Ramos García, esposa del funcionario del ITCA por falsedad de declaraciones ante una autoridad

Por: Alejandro Paz/Ciudad Victoria 18/11/2011 | Actualizada a las 22:28h
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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por falsedad de declaraciones ante una autoridad, personal de la Procuraduría General de Justicia detuvo a Edith Nallely Ramos García, esposa del funcionario del Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes (ITCA) Marcelino Loredo Huerta.
 
La detención ocurrió a las 19 horas cuando Ramos García viajaba en un vehículo en compañía de su esposo Marcelino Loredo Huerta, por calles aledañas al estadio “Marte R. Gómez”.
 
Los agentes ministeriales informaron a la mujer y su pareja sobre la existencia de una orden de aprehensión girada por el Juez Segundo Penal, Santiago Espinoza Camacho por el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad y procedieron a su captura.
 
Ramos García enfrenta dicho delito al haber declarado que era ella quien manejaba la camioneta que embistió el auto de los tres adolescentes fallecidos.
 
El delito se confirmo cuando su esposo Marcelino Loredo Huerta, aseguro que él era quien conducida la unidad, pero que tuvo que retirarse por problemas médicos.
 
Los hechos en que el matrimonio participio ocurrió a las 0:40 horas del pasado sábado.
 
Loredo Huerta, manejaba una camioneta Dodge Durango modelo 2009 del Gobierno del Estado, circulando de sur a norte sobre la avenida 16.
 
Al llegar al cruce con Olivia Ramírez, impactó un auto Chevrolet Cruze, modelo 2010, que se desplazaba de norte a sur por el 16 y al dar vuelta a la izquierda en Olivia Ramírez, fue impactado por la Durango.
 
La investigación hacia el matrimonio es integrada dentro de la averiguación previa 1027/2011, que fue consignada ante el Juez Penal.
 
El artículo 254 del Código Penal establece que: “Comete el delito de falsedad en declaraciones dadas ante una autoridad, el que, interrogado por alguna autoridad pública en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.
 
 Al responsable del delito se le impondría de dos a seis años de prisión y multa de cien a 300 días de salario.
  RMV

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