A temblar ex alcaldes

No se han abierto cuentas públicas pero si se hace una auscultación a fondo, y no solo en la fiscalización del 2010 también de anteriores años cuando la situación lo amerite, las palabras son del Auditor Superior del Estado, MIGUEL SALMAN ALVAREZ, y siempre secundadas por el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior, el diputado GUSTAVO TORRES SALINAS.
 
Luego lanzan dos o tres cosas importantes, que la Auditoria Superior de la Federación esta fiscalizando a la Secretaria de Educación y a la Secretaria de Salud, que en lo local la revisión será a fondo en cada cuenta donde haya dudas o denuncias, y que nadie se puede sentir a salvo (ni ex alcaldes, ni ex secretario, u otros funcionarios que son susceptibles de revisión) porque ya le hayan aprobado una cuenta pública ya que en muchos casos se pueden presentar denuncias por la Contraloría del Estado, por la misma Auditoria Superior, o por otras instancias sin necesidad de llegar a ese punto.
 
“A lo que vamos es a que el dinero no es de un funcionario que maneja una dependencia sino de todo el pueblo aunque en algunos casos haya parecido lo contrario, por eso es la fiscalización a fondo”, reitera SALMAN ALVAREZ en entrevista televisiva dentro del programa VIDA DIARIA.
 
A pregunta expresa los hombres se defienden, afirman que no existe consigna contra nadie, “sólo la de aplicar la ley en toda la extensión de la palabra, que quiere decir eso, que la revisión, la fiscalización de cada peso que se hayan gastado los funcionarios será a fondo y sin distingos”.
 
Y si, ambos políticos están ciertos que a muchos funcionarios lo que menos les interesa es rendirle cuentas al pueblo y menos les agrada  que este les exija,  que esos renuentes son los que saben que el gasto no se ve reflejado en obras y servicios de beneficio para la comunidad.
 

Igual opinan que hubo funcionarios que al finalizar las administraciones es cuando tratan de hacer lo que no hicieron en toda la gestión, pero además con el pretexto de que se requiere dinero para obras o pago de proveedores piden prestamos que extrañamente los cabildos o el mismo Congreso aprueban de inmediato, como es el caso de ARTURO DIEZ GUTIERREZ en Victoria, la capital tamaulipeca, a quien en los últimos días le fueron aprobados 50 millones de pesos y luego nadie sabe nadie supo donde quedaron.
 
La situación es que los únicos que quedaran impunes son los que autorizaron préstamos, los diputados de la legislatura pasada, así como los cabildos de cada municipio endeudado, aunque a decir verdad estos también son culpables de lo que hoy sufren sus pueblos.
 
También quedaran libres de toda culpa muchos cabildos actuales que ni siquiera fueron para denunciar presuntas corruptelas como se los exige la ley, que deben señalar como recibieron sus ayuntamientos y en un término de 60 días entregar los resultados al Congreso para exigir cuentas, ¿será desconocimiento de los procedimientos, indiferencia, complicidad? Quien lo sabe
 
Lo cierto es que pocos quieren trabajar con transparencia, dos o tres fueron los municipios cuyos órganos de contraloría, auditoria y fiscalización presentaron antecedentes de las obras, con una análisis completo, e incluso con la petición de que se llame a cuentas a las anteriores autoridades, es el caso de Tampico con la panista MAGDALENA PERAZA que hasta una denuncia en la Procuraduría presentó, y de Matamoros ALFONSO SANCHEZ GARZA quien envió un documento a la autoridad fiscalizadora.
 
SALMAN y TORRES SALINAS hablaron de todo, hasta del motivo por el que han sido citados 700 prestadores de servicios donde se encuentran notarios, abogados, periodistas, y otros profesionistas, qué, aclaró, no están siendo fiscalizados sino solo se les pide información para auditar al Ente que es susceptible de tal cosa como es la administración estatal, los municipios, o los organismos descentralizados, solo para comprobar que en verdad existen, se les pagó una cantidad, y en razón a qué, pero no como medidas de presión contra nadie, menos con la intención de fiscalizar a particulares.
 
Con respecto a las cuentas publicas de los municipios aprobados o pendientes, dicen que si se detectan irregularidades o supuestos estas pueden ser nuevamente revisadas aunque ya hayan sido aprobadas.
 
“La calificación de una cuenta no es una patente de corzo, solo es un finiquito que si es necesario se cancela, porque la ley no se puede evadir y en ese tenor están varias cuentas sujetas a revisión”, reiteran.
 
Obvio, ambos personajes reconocen lo difícil de la situación, lo complicado que será que el pueblo les crea que se hicieron las cosas de manera adecuada, le apuestan, dicen, a la transparencia, a que las sesiones de las comisiones de vigilancia de la auditoria serán publicas, que se observará todo lo que se revise, y también a dejar perfectamente claro por qué se resolvieron las cosas y como.
 
“No es lo mismo decir, que hacer o probar, sabemos que el pueblo habla y de ahí investigamos para determinar si hay responsabilidad o no, pero no se olviden que hay cosas buenas que parecen malas, y al revés, hay muchas cosas malas que quieren hacerse pasar como buenas”.
 
Lo cierto es que ambos tienen mucho trabajo, la gente no entiende como una administración se puede endeudar si cada año se realiza un presupuesto y es autorizado por las instancias correspondientes, llámese cabildos o Congreso.
 
En fin, así deben de ser las cuentas claras y la rendición de las mismas es por el bien de una comunidad y mejor administración de los individuos.
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