Cuernavaca, Mor., (Agencia Informativa de México).- El Congreso del estado de Morelos recurrió a las publicaciones en periódicos para notificar al diputado Marcos Zapotitla Becerra el inicio de un proceso legislativo en su contra, ante la imposibilidad de notificarle personalmente que la Fiscalía General del estado (FGE) ha solicito en su contra un juicio de procedencia por el delito de violación.

A partir de este miércoles, el Congreso del estado de Morelos publicó en el Diario “Tierra y Libertad” y en un periódico de circulación estatal, el primero de tres edictos con los que se le notifica al legislador del Partido Encuentro Social (PES) el procedimiento que inició la comisión de Gobernación y Gran Jurado que dictaminará si es procedente su desafuero o no.

En septiembre pasado, los abogados Gibran Haro y Sebastian Insaunza Villalobos, dieron a conocer que una mujer había interpuesto una denuncia contra el legislador por del delito de violación, por lo que una vez que la FGE culminara la integración de la carpeta de investigación, debería solicitar el inicio del Juicio de Procedencia contra el diputado para que pueda ser desaforado y sometido ante un juzgado.

En la últimas semanas Zapotitla Becerro no sólo negó los hechos, sino que anunció que no pediría licencia para enfrentar las acusaciones. Hace tres semanas, varias de sus compañeras diputadas le exigieron en la tribuna legislativa que se abstuviera de presentarse a sesiones ordinarias en tanto no se aclarara su situación.

Paralelamente, la comisión de Gobernación y Gran Jurado, órgano encargado del asunto al interior del Congreso del estado, ha intentado notificar al diputado acusado de que la denuncia llegó para el trámite correspondiente, sin embargo, no ha sido localizado por lo que el recurso legal para darle cauce el procedimiento es publicar edictos.

De acuerdo con una consulta con abogados especializados, mientras el diputado no sea localizado, el Congreso del estado debe continuar con las notificaciones mediante edictos, por dos ocasiones mas, es decir, uno cada semana, con el fin de seguir con el procedimiento de juicio de procedencia, que de ser positivo para un desafuero, deberá ser aprobado por el pleno legislativo.