Hermosillo, Son. - El efecto de la pandemia en las mujeres aún se desconoce puesto que la contingencia no ha terminado, pero el periodo de confinamiento total fue una muestra de que la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas no fue una prioridad. 

La representante en Sonora del Observatorio Nacional del Feminicidio, Silvia Núñez Esquer, destacó que Sonora ocupa el primer lugar nacional en violencia familiar por cada diez mil habitantes de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Es sin duda la violencia familiar es lo que evidencia a Sonora como una entidad en la que no se ha podido controlar este delito, al menos en los últimos cuatro años, y esa situación se refleja en el reporte de llamadas al 911, indicó. 

Núñez Esquer agregó que durante este año se ha registrado un mayor número de llamadas de emergencia: por violencia contra mujeres cuatro mil 113, por abuso sexual 407, por acoso y hostigamiento 149. 

Asimismo, por violación se han registrado 75 llamadas de emergencia, por violencia de pareja 14 mil 671 y violencia familiar 44 mil 042, además de que Sonora ocupa el doceavo lugar nacional con 23 feminicidios hasta el 31 de octubre del presente año. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el conversatorio “Violencia contra las mujeres, asuntos urgentes”, la directora de la agencia Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, habló sobre la criminalización de las protestas feministas. 

Mencionó el incidente de la agresión armada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, hacia colectivas feministas por parte de las autoridades locales.  

“Cancún nos marca un parte aguas de lo que ha venido siendo un acto de criminalización y estigmatización de las movilizaciones feministas, del movimiento feminista que hace protestas en las calles”, dijo.  

Expuso que la campaña de estigmatización que ha ocurrido desde la presidencia de la República, es a partir de una mala lectura de la fuerza del movimiento feminista, de un desconocimiento de la historia al respecto. 

Eso llevó a colocar un escenario propicio para la acción violenta contra las manifestaciones feministas, planteó. 

Indicó que el movimiento como tal aún no logra obtener la legitimidad social y política que requiere porque pese a ello se trata de una fuerza política y el incremento de la violencia contra manifestantes feministas va siendo una respuesta cada vez más misógina. 

En las manifestaciones empiezan a reportarse abusos sexuales hacia las mujeres de las manifestaciones y la violencia institucional.  

A su vez, la jefa de Gabinete de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Leyla Acedo Ung, planteó que al no existir un marco legal para sancionar la violencia digital, se convierte en una herramienta para silenciar, cortar la libertad, dañar la dignidad, incluida la salud mental y eliminar la libertad en el espacio público o privado. 

“Las mujeres no podemos abandonar la discusión pública ni callar nuestra palabra, ni borrar nuestra voz, el espacio público es también de y para nosotras, la prohibición de nuestra libertad y las prácticas sexuales tampoco merece ser coartada”, sostuvo.