Tampico, Tamaulipas. - Un nuevo caso de maltrato infantil fue frenado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tampico en el centro del municipio, cuando se aseguró a un niño de 7 años de edad que acusó a sus padres de golpearlo si no lograba vender los productos que desde la mañana le daban a él y a sus seis hermanos, terminando así el calvario que sufría desde hace meses que llegó al Puerto procedente de Tantoyuca, Veracruz, informó el responsable de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Luis Llorente Herrera.

Ahora el menor, dijo, pasó a los cuidados de la Casa de Asistencia para Menores (CASAM), donde se le otorgan los alimentos, educación y se le brinda atención médica y psicológica.

Acompañado de la coordinadora de la Casa Hogar y Centro de Atención a Niños y Adolescentes del Sistema DIF, María Guadalupe Rodríguez Herrera, el funcionario advirtió que el organismo del Ayuntamiento intervino después de una queja que se recibió en el teléfono de emergencias 911.

Una vez puesto en marcha el protocolo de asistencia al niño, hallaron que el infante estaba estresado por los castigos de que era víctima de parte de su padre, quien por el sólo hecho de no haber vendido los nopales que le surtía lo maltrataba duramente, además de inundarlo de amenazas diariamente que le han causado un extenso daño psicológico. 

Llorente Herrera indicó que la valoración que se hizo al niño no arrojó lesiones físicas visibles, pero sí psicológicas, las que incluso pueden tardar en sanar varios años, es así que por ahora está en el Centro CASAM.

Sin embargo, el caso se tornó complicado a partir de que la familia del infante difundió un video en las redes sociales de Tantoyuca, Veracruz, donde se acusaba al Ayuntamiento de Tampico de presunto secuestro del infante, de 7 años, cuando la realidad es otra.

Señaló que partir de que tuvieron conocimiento de la explotación infantil, el DIT Tampico entabló un proceso legal ante la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, ya que obligar a menores a vender productos en la vía pública constituye el delito de explotación de infantes.

Como apoyo, el Sistema DIF porteño se comunicó con su par de Tantoyuca, donde se ha tenido excelente respaldo, por lo que ahora mismo se busca entre la familia extensa quién se puede hacer cargo del menor ante el maltrato psicológico y golpes del que es víctima junto con sus hermanitos a manos de sus padres, quienes como se apunta los envían a vender nopales en las calles del Puerto, pero en caso de no hacer una venta provechosa reciben lesiones y castigos diversos, además que no acuden a ningún centro educativo privándolos de dicha obligación Constitucional. 

oal