Transparencia

Pase lo que pase con las cuentas públicas de los municipios, los organismos descentralizados, y la del último semestre de la administración anterior, los resultados que se emitan van a dejar un mal sabor de boca, si alguien cae a la cárcel habrá los que piensen que se actúa por consigna política, por revanchismos, y por supuesto, si no pasa nada existirá la percepción de que los diputados se quedaron cortos en la sanción que pudieran recibir algunos ex alcaldes y ex funcionarios públicos que se lucieron en el arte de saquear los recursos públicos.
 
Según la ley en la materia desde el pasado mes de agosto la Auditoria Superior del Estado debió anunciar cuantas cuentas públicas estará en posibilidad de dictaminar, luego para el 30 de septiembre se debería conocer con precisión cuales de ellas entrarán en la Comisión de Vigilancia para su posterior calificación en el pleno del Congreso, aunque también podrían solicitar una prorroga para el mes de noviembre para que los diputados las evalúen antes del 15 de diciembre que termina el segundo periodo de sesiones.
 
Le decíamos, pase lo que pase con la fiscalización de la forma como se gastaron el dinero público las anteriores administraciones, quedará un mal sabor de boca porque los ciudadanos necesitan, urgen, gritan a los cuatro vientos que esta legislatura haga todo lo posible por encarcelar a ex funcionarios que provocaron toda esta situación de caos que vivimos, además, a ojos vistos es obvio que algunos personajes se llevaron dinero destinado a combatir la pobreza para aumentar sus riquezas, mismas que hoy disfrutan hasta en el extranjero.
 
En contraparte, la clase política, esa que pesa en la toma de decisiones, esta cierta que no debe pasar nada, que lo hecho en el trienio anterior por los ex alcaldes es más de lo mismo, y que por lo tanto, debe pasar lo de siempre, que todo se cubra y queden impunes los delitos cometidos aún cuando el pueblo demande que se cumpla la ley.
 
En ese sentido el Congreso de Tamaulipas, si desea hacer las cosas bien, tiene un amplio compromiso de transparentar las auditorias a realizar, debe dejar contentos a los políticos y al pueblo de que se cumplió la ley, porque de otra manera quedarán marcados para el resto de sus vidas como quienes jugaron de cómplices para que los anteriores gobiernos  saquearan el dinero del pueblo.
 
Una verdad irrefutable es que no todos los ex funcionarios resultaron ladrones, que no todos los municipios donde se dejaron deudas extraordinarias manejaron mal su dinero, pero también es verdad que hay pruebas contundentes que en algunos casos se abusó del poder al grado de que no existen las obras con las que pretenden justificar los recursos, o, en casos todavía más vergonzosos, ya se cayeron como ocurrió con un puente de más de 350 millones de pesos que se construyó por la administración de RAMÓN GARZA BARRIOS de Nuevo Laredo y se derrumbó antes de marzo de este año.
 
La verdad es que esta de dudarse que vayan a caer tantos ex alcaldes a la cárcel, primero porque muchos ya viven en Estados Unidos, segundo porque otros dejaron a sus representantes disfrazados de diputados en el Congreso para que los defiendan, y tercero porque algunos más siguen vigentes en la política local o nacional y de esa manera se cubren con el manto de la impunidad.
 
Ahí es donde mencionamos que tendrá problemas la actual legislatura, y ahí es donde tenemos la certeza de que quedará un mal sabor de boca luego de que se resuelvan a dictaminar las cuentas públicas de las administraciones pasadas.
 
Por ejemplo, será interesante ver como hará la Auditoria Superior del Estado para justificar los créditos millonarios adquiridos por casi todas las administraciones pasadas, en el caso de Victoria, será muy divertido como cubren los 50 millones de pesos que se adquirieron por la vía de un empréstito en el último mes del gobierno de ARTURO DIEZ GUTIERREZ, o en el caso de Tampico, como podrían aprobar una cuenta a su ex alcalde OSCAR PEREZ INGUANZO cuando lo más destacado fue la firma de un contrato de alrededor de 11 millones de pesos con una empresa de publicidad y la adquisición ilegal de un crédito con Banorte hipotecando las participaciones futuras, o como justificaran los más de mil 600 millones de pesos de deuda que dejó la administración de RAMÓN GARZA BARRIOS a los neolaredenses.
 
Viene un proceso muy complicado para la legislatura actual, donde tendrán que hacer gala de mucha política, relaciones públicas, pero sobre todo, de mucha transparencia para lograr convencer al pueblo de que actúan de buena fe, de que en realidad le están cumpliendo al pueblo y ya quedaron atrás los tiempos de las consignas políticas y el revanchismo, eso, eso si que será muy difícil.
  vida.diaria@hotmail.com