Monterrey, NL., (Agencia Informativa de México).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó que el proceso de responsabilidades en contra del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, por la recolección ilegal de firmas en 2018, sólo puede ser promovido por las cámaras de Diputados y Senadores, no por el Congreso de Nuevo León.

Dentro de la acción que incluye también al secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, por el desvío ilegal de recursos humanos, cuando el mandatario estatal fue candidato a la Presidencia, la SCJN le resta además al poder legislativo local la facultad para reponer el proceso.

“El procedimiento de responsabilidades en contra del Titular de Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León debió de haber comenzado por la acusación respectiva de la Cámara de Diputados y, posteriormente, por la resolución declarativa de la Cámara de Senadores”, señala el resolutivo de la Primera Sala del máximo tribunal.

Agregó que “ausentes estos elementos, el Congreso local no estaba en condiciones para emitir el Acuerdo que contiene las reglas procesales para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León”.

No obstante, lo anterior, sigue vigente la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para sancionar a Rodríguez Calderón; los legisladores locales sólo determinarán la responsabilidad que corresponda.

Ello, si el gobernador resulta responsable del uso de recursos públicos para la obtención de firmas ciudadanas como candidato independiente en el proceso electoral por la Presidencia de 2018.