Por: Alberto Guerra Salazar02/09/2011 | Actualizada a las 22:31h
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Hubo
un tiempo en este país en que la ceremonia del informe presidencial se
convertía en día de fiesta nacional, con jolgorio inducido pero aceptado
jubilosamente por los mexicanos porque había mucho qué celebrar en materia de
progreso y desarrollo. El
jueves 1 de septiembre acudió el Secretario de Gobernación Francisco Blake mandado
por el Presidente Felipe Calderón, para poner en manos de los responsables del
Congreso de la Unión, el texto de su V informe. Pero pocos lo supieron o le
dieron importancia. Luego
ayer reunió el jefe del poder ejecutivo federal a la clase política mexicana en
el Museo de Antropología para hacer un tipo de glosa de su propio informe donde
por supuesto se vanaglorió y repartió culpas por las metas incumplidas,
especialmente en el sensible renglón de seguridad pública. Anunció
con bombo y platillo la creación de otra Secretaría de Estado dizque para
atender a las víctimas de la violencia imperante. Es una medida que aumentará
inevitablemente la carga burocrática, de por sí onerosa e ineficiente. Es
más sencillo que el Presidente cumpla su obligación de proteger a los mexicanos
mediante el fácil expediente de conseguir que todos sus subalternos
hagan su trabajo. Hizo
también el abogado Calderón un ejercicio de valiente auto-crítica cuando
reconoció que los delincuentes han conseguido infiltrar al gobierno mediante
prácticas de cooptación económica, vulgo, con cañonazos de dinero. Y
repitió la cantaleta de que algunos Gobernadores permanecen indiferentes a esta
problemática y que renuncian, por miedo o por complicidad, a combatir a los
infractores de la ley. Pero
no basta con su denuncia de la corrupción galopante en esferas gubernamentales
pues si no tiene competencia para combatirla en el ámbito de las entidades
federativas, ¿por qué no empieza a barrer la propia casa cesando y consignando
ante autoridades competentes a funcionarios suyos que le fallaron a él y a la
sociedad?. Cuando
predique con el ejemplo será más fácil que los mandatarios estatales le copien
el estilo. Por la memoria de las miles de víctimas colaterales no se vale que
se vea la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. A
propósito de delincuencia, compartimos con el lector algunas inquietudes
expresadas a esta columna por amigos versados en leyes que siguen con interés
el desenlace del juicio penal entablado contra Mario Ruiz Pachuca. De
entrada, se preguntan extrañados cómo es posible que esté detenido por el
delito de autoría intelectual de un secuestro si todavía no están cautivos y
confesos los presuntos autores materiales del ilícito. Es
decir, cuáles son los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público
que convencieron al juez de que existe causa fundada para someterlo a juicio,
si no hay confesión de terceros que lo involucre. Es
temerario imputarle a Mario Ruiz Pachuca el delito de secuestro y todavía más
osado aventurar una sentencia de 30 a 50 años de reclusión si se lo comprueban,
pues obran dos circunstancias que echan abajo ambas eventualidades. En
el primero de los casos, para que se configure el delito de secuestro debe
haber de por medio la exigencia de un rescate para devolver a la víctima a su
familia a cambio de dinero. No fue el caso, según se sabe. En
cuanto a la penalidad, es una regla universal de la jurisprudencia mexicana que
ninguna ley tiene efectos retroactivos. El
diario oficial de la federación publicó en su edición del 30 de noviembre de
2010 la nueva ley para prevención y sanción del delito en materia de secuestro,
reglamentario de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. A
partir de esa fecha se establecen penalidades más altas para los secuestradores
pero a condición de que confluyan circunstancias específicas de
tiempo-modo-lugar, por ejemplo, que la víctima pierda la vida o sufra
mutilación. Hasta
antes de esa reforma a la mencionada ley, el secuestro era castigado con penas
benignas y serían las aplicables en el caso de Ruiz Pachuca si acaso es cierto
que se dio ese ilícito y que él participó. Comparten
nuestros incrédulos amigos la teoría de que el vocero de Eugenio Hernández Flores
está preso por una causa equivocada pero no logran descifrar si es para
ayudarlo o para acabarlo de hundir en prisión. Recomiendan
que ahora que lo tienen cautivo le sonsaquen las autoridades una declaración
patrimonial actualizada para cotejarla con su tren de vida a efecto de obtener
discrepancias que confirmen la sustracción ilegal de dinero público que le
imputan. También
despierta sospechosismo las consideraciones que disfruta el ex jefe de asesores
del ex Gobernador Eugenio dentro del penal pues se sabe que permanece en una
zona VIP (very important person) y hasta acompañado de amigos. Causó
muy mala impresión que durante la diligencia judicial practicada en el
reclusorio, el juez le permitiera al indiciado permanecer oculto tras las
persianas de la ventanilla enrejada pues es un inusual privilegio que le hizo
esconderse de la prensa. Otros
ilustres funcionarios que han estado en la misma penosa situación (Pedro Silva
Rodríguez, Pedro Hernández Carrizales) nunca fueron beneficiados con el velo que
convirtió en invisible a Mario de las cámaras y video-cámaras ávidas de
captarlo despojado de la soberbia y la altanería. Seguiremos
informando. En
otros temas, el dirigente sindical de los profesores Arnulfo Rodríguez Treviño
está recibiendo una espléndida respuesta de sus representantes regionales pues
empiezan a manifestarse a favor de que prolongue la gestión al frente de la
Sección 30 del SNTE. Arnulfo
no dice que sí pero tampoco dice que no, misma actitud que guarda cuando los
periodistas le preguntan que si busca una senaduría o una diputación federal. Adoptando
un aire inocente, casi angelical, Rodríguez Treviño replica: “Yo, lo que digan
las bases, lo que diga Elba Esther”. Pero no deja de moverse. Niega
Arnulfo que el sindicato tenga “aviadores” en el sentido de que cobren en la
SET y no desquiten el sueldo, pues todos los miembros de las directivas cumplen
una función equivalente a una jornada laboral institucional. Trajo
Arnulfo de México buenas noticias pues le autorizaron que los más de 12 mil
maestros jubilados puedan tomar la decisión voluntaria de incorporarse al
SARTET para disfrutar de sus beneficios. Respecto
del grupo de disidentes que impugna su desempeño, Rodríguez Treviño deja que
hablen los representantes regionales y ya lo están haciendo pues descalifican a
los cabecillas y anuncian que emprenderán acciones legales en su contra por
usurpar cargos directivos. Por
el rumbo de Río Bravo, el director regional del Fondo Tamaulipas Derly Rivas
Alvarado se reunió con el alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa y un grupo de
emprendedores para promover los créditos para el auto-empleo. El
jefe de la comuna comisionó a la secretaria municipal de desarrollo económico y
turismo Aracely Pérez Treviño para que apoye este programa del Gobernador
Egidio Torre Cantú pues está convencido de sus bondades. Juan
Diego pidió a los riobravenses interesados en mejorar sus condiciones de vida
que se acerquen a Aracely para obtener la información completa de los
micro-créditos del Fondo Tamaulipas, en el entendido de que cobran intereses
reducidos. Agregó
el jefe de la comuna riobravense que es una buena oportunidad para alentar
pequeños negocios y abatir el desempleo según las aptitudes o vocaciones de las
personas interesadas. En
tanto que a nivel estatal, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
José María Leal Gutiérrez y el Gobernador del Estado firmaron un convenio
general de colaboración. El documento
establece mecanismos de fortalecimiento en áreas como la salud, el medio
ambiente, educación, deportes, desarrollo económico y social. La firma fue
atestiguada por el Secretario estatal de Educación doctor Diódoro Guerra
Rodríguez y la secretaria general de la UAT, doctora Olga Hernández Limón.
Alberto Guerra Salazar, autor de la columna Crónicas Políticas, colabora en diversos medios de comunicación en el Estado.
Además es propietario de la Agencia de Noticias ASI
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