Cuotas escolares anticonstitucionales

El problema de las cuotas escolares en las escuelas públicas es una de las consecuencias inmediatas de la incapacidad del Estado para garantizar la educación gratuita a todos los mexicanos.

Como podrá observarse cada inicio de un ciclo escolar, el sistema educativo nacional y estatal se coloca en el "Ojo del Huracán", debido al cobro de cuotas escolares en planteles educativos públicos de educación preescolar, primaria y secundaria, a pesar de que en México la educación pública constitucionalmente es gratuita.

De ahí el oportunismo político tentador de Hilda Graciela Santana Turrubiates diputada del Partido Nueva Alianza, quien aprovechando el viacrucis de los paterfamilias con el tema de las cuotas escolares, surge como su adalid, proponiendo como gran conocedora “legalizarlas”, obedeciendo mas a una abierta intensión de atraer reflectores con tal de ganar notoriedad mediática, con una actitud retórica, que políticamente eficaz.

¿Por qué expresamos lo anterior? Porque la gratuidad de la educación pública en México una prerrogativa constitucional de los mexicanos que no requiere reglamentación de una ley federal, ni mucho menos estatal para garantizar su aplicación.

Tengamos presente que el cobro de cuotas es una práctica corriente que se convierte cada año en una molesta sangría para los padres de familia, quienes son obligados y condicionados a cubrir una tarifa de inscripción, cuotas para el mejoramiento de los establecimientos educativos y otros conceptos, disfrazada de aportaciones voluntarias.

Sea de un modo o de otro, los legisladores “defensores” de los padres de familia aparentan estar muy preocupados por la administración y destino de los recursos obtenidos de las cuotas escolares, que hasta demandan su regulación legislativa, olvidándose por completo de su prohibición o eliminación de las mismas, ya que además de ser ilegales, dichas cuotas constituyen una pesada carga muy onerosa a los paterfamilias.

Lo que debemos subrayar bien es que estos pronunciamientos confunden mas a los padres de familia, porque los legisladores locales irresponsablemente ya dan por hecho, que la educación pública en México y en Tamaulipas ya no es gratuita sino privada.

No cabe duda que en Tamaulipas las cuotas escolares es un tema del que mucho se habla pero que nada se hace, ya que ni las autoridades educativas, asociaciones de “padres de familia”, ni legisladores, ni la comisión estatal de derechos Humanos, han hecho absolutamente nada por hacer realidad la prohibición constitucional del cobro de dichas cuotas, salvo discursear sobre las mismas.

Sabemos que es cierto que la cuota escolar se utiliza en muchos casos en los propios planteles ante la incapacidad de los gobiernos para darles a los alumnos instalaciones dignas, pero eso no debe ser pretexto ni motivo para violar la constitución para obligar a los padres de familia a suplir al estado en la función educativa.

Es oportuno advertir a los padres de familia de que el cobro de cuotas escolares no tiene fundamento constitucional y que están en su derecho a negarse a pagarlas, por estar amparados por la Constitución General de la República.

Por lo tanto, cualquier práctica coercitiva de las direcciones escolares debe ser denunciada públicamente, pues es sabido que las autoridades educativas solapan estos métodos ante su incapacidad e inoperancia para ofrecer escuelas dignas.

En ese tenor habría que reiterar que los paterfamilias no son los responsables de que el Estado no cumpla con su obligación de proporcionar educación gratuita a todos los mexicanos, estando obligados moralmente a denunciar cualquier irregularidad que atente contra la educación de sus hijos, para evitar abusos y corrupción.

Así en términos del artículo 3º constitucional la educación preescolar, primaria y secundaria incluso la universitaria que otorga el estado es y debe ser gratuita, financiada con recursos públicos para sufragar los gastos de personal, conservación y mantenimiento de los edificios escolares.

Al efecto se deberá ampliar el presupuesto de egresos de la federación y de las entidades federativas para incrementar dichas partidas y terminar de tajo con las cuotas escolares, buscando alternativas al uso de indumentaria escolar.

En definitiva la propuesta de la diputada Hilda Graciela Santana Turrubiates es un auténtico prontuario de ocurrencias, al intentar dar soluciones o recetas inútiles a un problema como el del cobro de las cuotas escolares, que no requiere de reglamentación sino de voluntad política de las autoridades educativas para impedir su cobro y de no lograrse esto, los padres de familia tendrían que recurrir al juicio de amparo ante de la justicia federal.

lucarrsol@hotmail.com

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