Guatemala, (Notimex).- La exfiscal general y candidata a la Presidencia de Guatemala por el Movimiento Semilla, Thelma Aldana, tiene una orden de captura por delitos de peculado, falsedad ideológica y defraudación aduanera, confirmó hoy la Policía Nacional Civil (PNC).

La orden de captura, firmada la víspera por el juez Víctor Manuel Cruz Rivera, se filtró este martes a varios medios de prensa de Guatemala, aunque al estar registrada como candidata, Aldana contará con inmunidad.

El Movimiento Semilla reveló que su abanderada a la Presidencia, quien como fiscal realizó investigaciones por corrupción al detenido expresidente Otto Pérez Molina y al actual mandatario Jimmy Morales, se encuentra en El Salvador y regresará esta noche a Guatemala vía aérea.

Debido a que la exfiscal presentó su solicitud de inscripción en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, cuenta con inmunidad frente a la orden de captura en su contra por los tres delitos que se le imputan.

"A los que promueven el bloqueo de nuestra inscripción, se les ha olvidado que Guatemala ya no es la misma de hace 15 años. Esa esperanza que nació en el 2015 nos tiene acá defendiendo los valores que nos unen a los guatemaltecos decentes", escribió esta tarde Aldana en su cuenta de Twitter.

Las autoridades afirman que la candidata presidencial habría cometido los delitos de los que se le acusa mientras se desempeñó como fiscal de Guatemala entre 2014 y 2018.

Aldana está acusada de haber contratado de forma irregular a Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), como capacitador en el Ministerio Público (MP), pero sin que llegara a ejercer sus funciones.

Además, la Contraloría denunció en diciembre pasado a Aldana por crear una supuesta plaza fantasma para contratar como consultor a José Carlos Marroquín, a quien le habrían pagado un millón de dólares con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La tercera acusación en su contra, formulada por diputados oficialistas, se refiere a la compra de un edificio de la zona 5 para el MP por 35 millones de quetzales (unos 4.5 millones de dólares).

El caso está bajo reserva judicial hasta el 28 de marzo, por lo que ni el juez, ni el Ministerio Público, ni la defensa pueden dar detalles sobre el mismo, y tampoco habrá acceso al público o a la prensa durante las audiencias.