México,(Notimex).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) planteará al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tomar en cuenta las investigaciones que realizó la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en torno a la llamada “guerra sucia”, informó su titular Jaime Rochín del Rincón.

“Estoy planteando una próxima reunión con la Fiscalía General de la República para insistir en que estos procesos de investigación no se cierren (…) la Femospp en su momento, hizo investigaciones muy importantes pero quedaron dispersas en otras áreas”, dijo tras la reciente presentación en Guerrero, del Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado.

El Comisionado de Atención a Víctimas destacó que “hoy que hay una Fiscalía General (de la República), tenemos que ver cómo recuperar que esto (las pesquisas) esté concentrado y que sigan adelante las investigaciones”, sobre estos hechos de violencia política del pasado que en Guerrero, adquirieron “tintes macabros”.

En entrevista con Notimex, indicó que la CEAV, a través de gente experta en la academia, lleva a cabo sus propias investigaciones históricas en aras de fortalecer el acceso de las víctimas a la verdad y a la justicia, sobre los abusos cometidos de 1969 a principios de los años ochenta y relacionados con desaparición forzada.

De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad (COMVERDAD), la represión en el estado durante la “Guerra sucia” fue generalizada, de tal suerte que sufrieron desaparición forzada estudiantes, campesinos, indígenas y activistas sociales, o simplemente sobre quien cayera alguna sospecha o deseo de venganza.

La represión, añadió Rochín del Rincón, obedeció a un patrón regular y preconcebido: se trató de una política de Estado, una política de represión e incluso de exterminio. Hoy, el Plan contempla garantías de no repetición.

Comentó que “lo peor que te puede pasar cuando tienes un ser querido desaparecido es no tener ni idea de dónde están, qué les está pasando o si vive o muere. Además, se debe tener el contexto de lo que pudo haber pasado, ayuda a muchas víctimas a que puedan acceder a la verdad, a la justicia y reparación integral, “que no se limite a un cheque”.

“Con nada se puede pagar el daño que han sufrido éstas víctimas, pero por lo menos se puede tratar de reconstruir el tejido social y, por supuesto, también con apoyo económico, pero que éste no se entienda como que estamos comprando la falta de justicia y la falta de verdad. Tiene que ser todo de manera integral”, acotó.

De tal suerte que el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado, busca visibilizar a quienes desaparecieron, dar voz a los que fueron silenciados, así como recuperar y reconstruir el tejido social de las comunidades, anotó, al destacar que entre las medidas de satisfacción se encuentra una disculpa pública a las víctimas.

“Algunos esperan que, quizá, una disculpa podría venir del Ejecutivo Federal. Posiblemente lo haya más adelante, pero por lo pronto, el que se reconozca por el órgano adecuado de atención a las víctimas sí marca una diferencia muy importante”, resaltó.

Otras medidas de satisfacción es la instauración del Día Nacional para recordar a las “víctimas de la guerra sucia” y resignificación de espacios públicos.

Al respecto, Jaime Rochín comentó que se plantea que sea el 10 de junio, pues coincide con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, de 2011, “pero también coincide con el famoso Halconazo. Es una probable fecha”.

Ante cuestionamientos de familiares de la guerra sucia en el sentido de que no puede haber reparación integral, sin conocer la verdad y la justicia, Jaime Rochín respaldó los señalamientos.

Expresó que en la mayoría de los procesos primero se debe llegar a la verdad y después a la justicia, sanción a los responsables y al final, la reparación integral.

Sin embargo, recordó que en algunos casos han pasado ya más de 50 años “y si nos esperamos a que llegue la justicia, tampoco van a tener la reparación de la compensación a la que tienen derecho. Entonces, estamos empezando un poco al revés, es verdad, pero nuestra propuesta es que a partir de la reparación, sí lleguemos a la verdad y a la justicia”.

El Plan de Atención, surgió luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a la CEAV, instrumentar ese mecanismo en sus dimensiones individual y colectiva para las víctimas reconocidas en la recomendación 26/2001, y en el informe final de la COMVERDAD, del 15 de octubre de 2014.

Lo anterior detonó un proceso que logró sumar a 491 víctimas directas y 1070 indirectas, mediante un importante esfuerzo de acercamiento. Se realizaron 24 brigadas de atención a familiares de víctimas identificadas por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, específicamente en Acapulco, Atoyac de Álvarez, San Juan de las Flores y El Quemado.

Además, se coordinó la realización de 10 talleres-diagnóstico de atención psicosocial dirigidos a grupos de víctimas del Colectivo Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México.

Y del Colectivo de defensores de los años 70´s de Atoyac de Álvarez, tanto en la comunidad de El Quemado, como en Acapulco, y en la Ciudad de México.

Ante ello, CEAV emitió la resolución CEAV/CIE/448/2018 en la cual determina el plan colectivo de reparación integral como parte del derecho a la reparación colectiva a favor de las víctimas de violaciones graves, generalizadas o sistemáticas de derechos humanos ocurridas en la “Guerra Sucia”

Entre las medidas de satisfacción contenidas en el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado, se encuentra la creación de un mecanismo de investigación independiente, imparcial, y competente para el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones graves, generalizadas o sistemáticas a los derechos humanos ocurridos en la época.

Además, plantea una disculpa pública de las autoridades competentes y la creación de memoriales nacionales, regionales y/o de carácter físico, digital o virtual.

Entre las medidas de restitución destacan, la elaboración y aprobación de planes integrales de reparación grupal, para la elaboración de planes productivos específicos.

La CEAV promoverá la suscripción de convenios interinstitucionales a nivel federal, local y municipal para la promoción de infraestructura y obras públicas en beneficio de las víctimas.

En tanto que se plantea la elaboración de diagnósticos situacionales y participativos que permitan el otorgamiento de servicios, medidas de fomento para la reconstrucción del tejido social, entre otros.