Ciudad Madero, Tamaulipas.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas, detectó irregularidades en 492 millones de pesos en el ejercicio fiscal del 2017 en la administración del empresario Andrés Zorrilla Moreno, por lo que el departamento jurídico del gobierno de Ciudad Madero solicitará proceder por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, entre otros al ex alcalde.

Al ex edil emanado del Partido Acción Nacional (PAN), se le señala de emitir pagos a domicilios fiscales donde hay casas abandonadas, reportar pagos y cancelar facturas, además de inflar costos de obras y generar una deuda de 87 millones de pesos.

"De la revisión pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017 los resultados y observaciones ascienden a un monto de 492 millones de pesos, si tomamos en cuenta que el presupuesto correspondiente al año 2017 fue del orden de 612 millones de pesos se advierte que las observaciones representan el 80% del presupuesto total lo cual es muy grave", señaló el director jurídico Alfredo Campos Martínez.

Se detalló que entre las anomalías, se encontró que Zorrilla Moreno pagó 25 millones de pesos a domicilios fiscales que al hacer la supervisión se detectó qie eran casas abandonadas, donde se vieron beneficiados 30 proveedores no registrados.

"Proveedores en que señalaron domicilios fiscales y al acudir a realizar una inspección de los mismos encontramos que los domicilios fiscales de estas empresas son casas abandonadas, domicilios particulares".

"Existe una constante no hay tal negocio, un domicilio que refleje la capacidad técnica, económica de esos proveedores y por esa razón no se registraron como proveedores en el padrón del municipio".

Además, ese mismo año se inflaron los costos de construcción de 35 cuartos por parte de la constructora “Edificadora La Vivienda”, donde el costo valuado es de 72 mil pesos, "sin embargo ellos cobraron por cada cuarto vivienda 122 mil pesos y que además en estos momentos están prácticamente destruidos esos inmuebles, lo que representa una diferencia de 50 mil pesos cada uno".

Al ex alcalde emanado de Acción Nacional, se le acusa de celebrar arrendamientos por la cantidad de 33 millones de pesos con una empresa "sin haber propuesta económica ni evidencia de una licitación o proceso de adjudicación".

"También existen pólizas de pago por arrendamiento de patrullas y compra de equipo de cómputo por un total de 4 millones de pesos, tampoco existe propuesta económica y además no existe evidencia de proceso de adjudicación y esa empresa no está inscrita en el padrón de proveedores del municipio".

La Contraloría observó que en ese año, el municipio registró las pérdidas de combustibles, lubricantes y aditivos por el orden de 15 millones de pesos, sin embargo no hay una relación de vehículos, consumo, serie de carros y personas a las que se les otorgó el combustible.

Entre las acciones indebidas del gobierno panista, se comprobó que se emitieron facturas por el orden de 810 mil pesos "las facturas fueron canceladas, es decir, se celebró operaciones con varios proveedores, se les pagó y posteriormente aparece que las facturas fueron canceladas, es decir, se pagaron facturas que jurídicamente resultan inexistentes"

"Al inicio del ejercicio contaba con una disponibilidad financiera en el 2017 de 24 millones de pesos y durante el mismo obtuvo ingresos totales de 665 millones de pesos por lo que contó con una disponibilidad financiera de 690 millones de pesos, sin embargo gasto un presupuesto de 769 millones de pesos lo que se estima un déficit presupuestario superior a 78 millones de pesos".

"En pocas palabras, estamos en presencia de una administración que gasto mucho más de lo que ingresó, administraciones que anteriormente habían mantenido una cierta disciplina financiera en el que el monto de la deuda había sido del orden de 5 millones aquí estamos en presencia de un desaseo una indisciplina, desde el punto de vista financiero, en que se gastó mucho más de lo que ingresó, dejando deudas difíciles de manejar y que la administración actual tenemos que enfrentar".

El funcionario recordó que de acuerdo a la Ley de disciplina financiera no es correcto o legal dejar adeudos, pero "sin embargo en este caso es gravísimo el monto del adeudo que dejó la administración pasada comprometiendo los ingresos de la actual administración".

"Nos vemos en una condición difícil en un entorno de mucha necesidad, un equipo de trabajo inexistente, camiones -de basura- que no teníamos, un despilfarro en todos los aspectos y además con una problemática financiera sumamente grave".

"Estamos en una situación difícil financieramente pero estamos confiados que vamos a salir adelante y resolver ese problema de la mejor forma el alcalde tiene conocimiento pleno de esta situación, sabe de los desafíos a los que nos enfrentamos y tenemos confianza que vamos a salir adelante. No es posible que se hubiese llegado al extremo de tanta ilegalidad en el manejo de las finanzas públicas, estamos en presencia, estamos manejando recursos del pueblo y definitivamente en muchos de los casos no se aplicaron para los fines para los que estaban destinados".

ASE CON FACULTAD PARA PROCEDER PENALMENTE.

Al ser cuestionado sobre las acciones legales a tomar por las diferentes irregularidades, Campos Martínez señaló que "la autorizada fiscalizadora, en este caso la Auditoría, tiene las facultades para hacer valer acciones tanto administrativas o penales, ahí ya sería cuestión que se analice si el caso cae en el ámbito penal que son cuestiones dolosas, falsificación de documentos, ocultamiento intencional de información, eso ya cuando hay cierto dolo en las conductas llevadas a cabo ya cae en la cuestión penal de lo contrario sería una cuestión administrativa".

"Solo hacemos la denuncia de hechos, aquí que sea la autoridad quien determine quién es el responsable y cuáles serían las acciones correspondientes. Podrían encuadrar los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, entre otro".

Destacó que la administración de Oseguera Kernion, asumira una actitud responsable y legal, pues no pueden soslayar ese tipo de irregularidades, "nosotros vamos a poner en conocimiento de las autoridades fiscalizadoras las irregularidades encontradas, independientemente de las acciones penales que si consideramos existen se harán".

"Vamos a tomar acciones contra quien resulte responsable vamos a exhibir una serie de irregularidades cometidas, ya sería la autoridad la que determine el responsable de estos hechos", advirtió.

Para finalizar, Campos Martínez dio a conocer que ahora Andrés Zorrilla Moreno, tiene hasta el 8 de enero para aclarar los 492 millones de pesos "para que subsane de lo contrario ya se aplicarían las responsabilidades correspondientes".

"Esperamos que se aplique la ley con todo su rigor, las irregularidades deben sancionarse e irse hasta donde deba llegar no es posible que el recurso público que se debe destinar para fines nobles se distraiga de manera abusiva y se le dé un destino distinto a lo que fue presupuestado, entonces hay que ser cuidadosos estamos administrando un recurso que no es nuestro, es del pueblo y como tal hay que buscar que llegue a donde debe", concluyó.