México,(Notimex).- La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analizará modificar el artículo 67 de Ley General de Salud, con el fin de que se oriente y se ofrezcan medidas de prevención sobre el embarazo infantil y juvenil desde la niñez.

Al fundamentar su propuesta, la diputada de Morena, Rocío Barrera Badillo, explicó que actualmente el artículo 67 de Ley General de Salud contempla la necesidad de educar y crear conciencia sobre los riesgos del embarazo juvenil, sólo dirigido a jóvenes y adolescentes.

Detalló que el embarazo juvenil en México es un problema que lejos de estar superado representa una amenaza real sobre el futuro de miles de jóvenes cada año. En 2017 se registraron a nivel nacional cerca de 400 mil nacimientos entre mujeres de 19 años o menos, de éstos, 10 mil 280 se dieron entre niñas de 10 a 14 años.

Por ello, la urgencia de que se apruebe esta iniciativa que tiene por objeto incluir a las y los niños, de modo que la educación reproductiva se imparta cuanto antes posible.

Barrera Badillo dijo que en México, una quinta parte de las mujeres que dan a luz son de menores de 18 años, proporción equivalente al doble del promedio mundial.

Agregó que a diferencia de lo que generalmente se cree, la mayor parte de los embarazos adolescentes no se originan tras relaciones sexuales consensuadas entre adolescentes de la misma edad, por el contrario, se calcula que 70 por ciento de los casos en que las mujeres de entre 10 y 14 años tuvieron un hijo lo hicieron con un hombre mayor de 18.

"Nos enfrentamos a un problema grave de salud pública y falta de acceso a los derechos fundamentales. Comencemos por reconocer que el embarazo adolescente e infantil se origina en contextos de violencia sexual y restringido acceso a métodos anticonceptivos", subrayó.

Además, los efectos van más allá de obstaculizar el desarrollo psicosocial de la mujer, sino que se asocia con resultados deficientes en la salud y mayor riesgo de muerte, tanto materna como infantil, expuso.

También dijo que en esta iniciativa se pretende cambiar el enfoque de la Ley General de Salud para que se considere al ciudadano y no sólo a la pareja, como el ente donde se debe enfocar la orientación sobre la sexualidad.