México,(Notimex).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el “Estudio para Elaborar una Propuesta de Política Pública en materia de Justicia Transicional”, para que se conozcan los alcances y principios que la rigen y para que, en su caso, las decisiones que se adopten sean las más apropiadas y efectivas.

El documento, puesto a disposición de la sociedad y de los representantes del Poder Ejecutivo federal, aborda un amplio espectro de temáticas que gravitan en torno de ese tema que ha sido objeto de discusión y reflexión en distintos foros y cuyos primeros intentos de implementación se concretaron con el establecimiento de la Comisión de la Verdad para el Caso Iguala.

Desarrollado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a iniciativa del organismo nacional, el estudio busca coadyuvar a la comprensión de la complejidad del entorno de violencia en el país y explicar “las alternativas, dilemas y problemas relacionados con el eventual diseño, implementación y evaluación de una política de justicia transicional”.

Al informar lo anterior, el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que los mecanismos de justicia transicional son la vía para llegar a la paz, a la verdad, a la justicia, a la atención a las víctimas, a la reconciliación y a superar situaciones críticas de vulneración a los derechos humanos.

“La afectación al entramado social que sustenta una convivencia pacífica no pueden significar una renuncia a la legalidad, menoscabo de la institucionalidad democrática o establecimiento de instancias que estén por encima de la ley y de los derechos de las personas, que busquen la aplicación de una justicia discrecional o sesgada, sin rendir cuentas de sus actos, vulnerando garantías de defensa y debido proceso”, añadió.

Suponer que esos mecanismos sean sustitutivos o estén por encima de las instituciones o instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia es un punto de partida erróneo que no podemos permitir que se presente, aseguró González Pérez.

De acuerdo a un comunicado, el texto aborda un amplio espectro de temáticas y su primera parte está enfocada a la explicación del concepto de justicia transicional y a la exposición de diversas experiencias que ha arrojado la implementación de los mecanismos transicionales en otros sistemas y latitudes.

La segunda parte tiene que ver con el desarrollo expositivo de las herramientas o mecanismos que forman parte de la justicia transicional, las cuales, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, se encuentran orientadas al establecimiento del Estado de Derecho.

Además, a la reconciliación de una sociedad que ha atravesado o atraviesa por conflictos de violencia y de múltiples vulneraciones a los derechos humanos de sus miembros.

Luis Raúl González Pérez destacó la necesidad de dar oportunidad para que se opere toda vía que lleve a la verdad, a la reconciliación, la paz y a la justicia en el entorno problemático que se enfrenta, y señaló que la CNDH encomendó al CIDE la elaboración de ese estudio para emprender la ruta de la justicia transicional en México.

El director General del CIDE, Sergio López Ayllón, quien coordinó el estudio, señaló que es pertinente considerar el uso de un enfoque de justicia transicional para contribuir a atender las consecuencias de la violencia de gran escala que ha vivido el país desde 2006.

Enumeró varios elementos que en el estudio se recomienda considerar, entre otros: poner en marcha un proceso de justicia transicional en México dentro del marco constitucional y legal vigente.

Además, crear un mecanismo rector interinstitucional, con un mandato amplio sobre la política de justicia transicional en todo el país y un órgano independiente de supervisión, seguimiento y evaluación de medidas de reparación.

La consejera del Consejo Consultivo de la CNDH, Mariclare Acosta Urquidi, dijo que la justicia transicional no sustituye a las autoridades.

Asimismo, celebró que la CNDH y el CIDE hayan unido esfuerzos para poner a las órdenes de la nación este repertorio de información y conocimientos sobre la violencia que no ha podido ser resuelta por los mecanismos tradicionales de justicia.

El estudio, mencionó, abrió algunos resquicios para que se pudieran visibilizar casos paradigmáticos, y lamentó que México implementó programas que no fueron capaces de revertir la situación.

El consejero de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Jacobo Dayán, señaló que la violencia en México es un proceso transicional atípico y que este estudio dará sustento sólido como un abanico de opciones para analizar cada situación.

Indicó que lo primero que se deberá hacer es conocer el universo real de víctimas y consideró  que este documento, que sobresale por ser muy sólido, unificará criterios del tema entre los partidos políticos y el gobierno.