Durante décadas los casinos fueron considerados fuente de financiamiento del crimen organizado. Además operaban en la ilegalidad. Y por esta razón en Tamaulipas se clausuraron 29 el año que nos antecede; como otros 249 centros de apuestas y ‘giros negros’ clandestinos --distribuidos en 25 de los 43 municipios--, además locales donde vendían artículos de contrabando y, obviamente, partes de vehículos robados.

La cruzada formó parte de la estrategia gubernamental para diezmar a los grupos delictivos, amparada en una reforma constitucional que desde el uno de junio de 2017 prohibió la instalación y el funcionamiento de casinos, centros de apuestas, salas de sorteo, casas de juegos y ‘table dance’ (en la entidad).

Ejecutarla fue complicado, merced a la connivencia entre ‘malandrines’ y algunos funcionarios locales que vieron afectados sus ingresos, pero, aún poniendo en riesgo su propia integridad física la autoridad responsable hizo valer la ley durante los siguientes tres meses.

De ahí que desde entonces no hayan surgido (al menos públicamente) nuevos establecimientos donde se apueste en la clandestinidad, haya ‘trata de blancas’ ni ventas de contrabando o piezas de vehículos desvalijados, lo que significa que se cumplió el cometido primario.

No obstante la industria turística reclama la instalación de casinos que, operados bajo un estricto marco legal, le aportarían ingresos importantes al estado a través de impuestos.

Sobre todo, en la franja fronteriza norteña y en el sur de la entidad que mantienen harto flujo de visitantes en tránsito, tanto de la Unión Americana como de los estados colindantes con Tamaulipas, así como del centro y del sureste del país, que gusta cruzar apuestas.

De ahí cobra relevancia la iniciativa para permitir (nuevamente) que en el mosaico tamaulipeco se autorice la instalación de casinos. Pero esta vez rigurosamente vigilado su funcionamiento en los aspectos económico y por supuesto de seguridad, así como de infraestructura y financiamiento.

Más cuando hay ejemplos claros de la recaudación que obtienen otras entidades –Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, Veracruz y Monterrey, por citar algunas--, vía gravámenes a los juegos de azar.

En la propuesta presentada por Humberto Rangel Vallejo --el diputado independiente del Congreso estatal--, se observa un estudio riguroso de los marcos de seguridad, salud, turismo, crecimiento económico y recaudatorio que conlleva la permisión de casinos.

En lo personal, supe de él hasta que presentó el documento, pero creo por el sustento que ofrece, sinceramente, que no fue creación suya.

De cualquier forma me parece un acierto, porque así Tamaulipas daría un servicio atractivo con derrama a la industria sin chimeneas; y sobre todo a las localidades (donde pudieran asentarse los casinos) que, según ofrece el legislador, serían las más beneficiadas económicamente.

Hasta hoy está pendiente su dictamen.

Pero advierto que será aprobado, dado que contempla:

1) Reformar seis leyes y la Constitución Política de Tamaulipas;

2) Permitir al Gobierno estatal la fiscalización, como supervisión de los estados financieros de los casinos;

3) Autoriza a las autoridades municipales y de las secretaría de Salud y Seguridad, mantener vigilancia permanente e intervenir cuando el caso lo requiera;

4) Crear nuevos impuestos. Uno sobre juegos con cruce de apuestas y otro sobre participación por los dividendos obtenidos; e

5) Investigar la procedencia de los capitales así como de los jugadores ganadores, para evitar el lavado de dinero.

De proceder la permisión de casinos, Tamaulipas ganaría, puesto que, convencido estoy, su operación incrementaría los ingresos legales para por lo menos paliar parte del gasto corriente de los ayuntamientos involucrados y del Gobierno estatal, para no recurrir al endeudamiento público.

Incluso, abonaría a recuperar el turismo que por la inseguridad dejaron ir anteriores regímenes gubernamentales.

En fin, habrá que esperar el dictamen de la iniciativa.

¿Será esta misma semana?

Legislación rauda

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, fue dictaminada fast track por la aplanadora legislativa de Morena (y sus socios ocasionales en el Congreso de la Unión), por lo que a partir del 1 de diciembre –cuando Andrés Manuel López Obrador sea investido con el bando presidencial--, la Secretaría de Seguridad Pública iniciará operaciones con una estrategia ya definida; cambiará de nombre la de Desarrollo Social –Bienestar Social, se llamará en lo sucesivo--, desaparecerán varias subsecretarías --que para el Presidente electo nada bueno le aportan al servicio público--, y comenzaría la descentralización para reubicar más de 32 entidades público-federales en puntos estratégicos de la geografía nacional.

Igual se observa el nombramiento de algunos funcionarios que deben ser sancionados por el Poder Legislativo –como serían los titulares de la Fiscalía Federal de la República, de Seguridad Pública y la Contraloría--, pues desde su campaña así lo propuso el tabasqueño.

Esto quiere decir que la composición estructural del Poder Ejecutivo sufrirá cambios sustanciales en algunas dependencias, a fin de, según el relevo de Enrique Peña Nieto, optimizar recursos, agilizar trámites, hacer más eficiente su función, adelgazar su padrón laboral y evitar la duplicidad de quehaceres.

Habrá direcciones generales que serían enrocadas para depender en el futuro de otras secretarías; y en varios casos sólo cambiaría su nombre y en otros su organigrama.

De cualquier forma la nueva administración iniciará con un gabinete en forma, ya designado por el tabasqueño.

Y antes de que tome posesión seguramente extenderá nombramientos a los nuevos funcionarios federales en las todavía delegaciones, aunque es un tema que conlleva tintes futuristas, por aquello de que los coordinadores estatales (ya nominados) se convertirían en ‘prospectos’ a las candidaturas gubernamentales.

En el caso de los órganos que cambiarían de nombre y atribuciones, no creo que ocurra nada extraordinario, pero en cuanto al nacimiento de las nuevas dependencias hay que verlo minuciosamente –no ahora, sino en análisis por separado--­­, pues el gasto corriente podría sufrir, también, modificaciones sustanciales, ya que al contratar empleados y asignarles infraestructura y recursos para su operación, podría aumentar el monto del presupuesto que le sea asignado al Gobierno Federal para el 2019, cuyo proyecto, por ley, debe presentar el nuevo mandatario a más tardar el 15 de diciembre para ser dictaminado antes de iniciar el 2019.  

Claro que esto ya debe haberlo contemplado el tabasqueño, pero es interesante el tema, si tomamos en cuenta que para funcionar al cien por ciento cualquier dependencia requerirá, cuando menos, colocar en sus carteras más estratégicas a profesionales del servicio público.

Y también cobran, aunque en lo sucesivo los salarios tienden a la baja.

Esto quiere decir que tendría que adelgazarse más el gasto de otras instancias, tomando en cuenta que no desaparecería ninguna de las instancias actuales­­, a menos que el burocratismo simple y llanamente sea reubicado, lo que, en el fondo, poco garantizaría por la proclividad que manifiesta a la improductividad.

La medida podría ser acertada –igual­­--, pero aquí la dejamos por el momento, hasta que no tengamos mayores elementos de juicio.

E-m@il:

jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.