México,(Notimex).- Por acciones y omisiones atribuibles a personal médico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la reparación integral a dos mujeres y una niña con discapacidad intelectual, que incluya compensación justa, atención médica y psicológica.

A través de tres recomendaciones que emitió por tres casos, sugirió colaborar en los procedimientos administrativos que se inicien ante el Órgano Interno de Control en el IMSS y las denuncias que presente ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En el primer caso, la falta de equipo de diagnóstico y omisiones en el tratamiento oportuno de una mujer en el trabajo de parto y alumbramiento derivó en su muerte, atribuible a tres médicos del Hospital General de Zona 71 del IMSS, en Chalco, Estado de México.

Ante ello, la CNDH emitió la Recomendación 44/2018, pues la hemorragia obstétrica que presentó la paciente al quitarle de manera inadecuada la placenta, se pudo evitar de haber contado con el equipo para hacer registro cardiotocográfico y de ultrasonografía, entre otras omisiones.

En el segundo caso, dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual.

La misiva también la dirigió a la Fiscalía General de esa entidad por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un agente del Ministerio Público local.

La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta.

La misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.

A su vez, un agente del Ministerio Público omitió dar seguimiento a una solicitud que dirigió a la Secretaría de Salud respecto de un informe en el que se estableciera el riesgo que tendría la víctima de practicarle la cirugía.

De igual forma, concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las carpetas de investigación.

Al fiscal General del San Luis Potosí le solicitó continuar las diligencias que sean legales y necesarias para integrar y determinar la carpeta de investigación y colaborar en el procedimiento administrativo que se inicie ante el Órgano Interno de Control en esa Fiscalía contra el agente del Ministerio Público, entre otros.

A la PGR, realizar las diligencias necesarias para indagar el caso y colaborar en el procedimiento administrativo que se inicie ante la Visitaduría General contra los servidores públicos involucrados y capacitar al personal en los derechos de protección a la salud.

En el último caso, la CNDH acreditó que personal del Hospital General de Zona 1 de Tapachula, Chiapas, otorgó inadecuada atención médica a una embarazada, que ocasionó la pérdida del producto en gestación.

Se corroboró dilaciones de agentes del Ministerio Público Común y Federal para investigar el caso, por lo que dirigió la Recomendación 52/2018 al IMSS, PGR y Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Al fiscal General de Chiapas se le solicita colaborar con la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control de esa dependencia contra el servidor público involucrado y emitir una circular al personal para que cuando conozca de asuntos de orden federal practique las diligencias para acreditar el hecho delictivo y acuerde la radicación de la carpeta de investigación para su remisión a la autoridad competente, entre otros.

La CNDH recomendó también capacitar al personal médico de esos hospitales en derechos humanos e inscribir a las personas agraviadas en el Registro Nacional de Víctimas conforme a la Ley General de Víctimas.