México,(Notimex).- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la morenista Wendy Briceño Zuloaga, llamó a detener la violencia política de género en contra de las gobernadoras, legisladoras, funcionarias y demás mujeres que participan en los espacios públicos de decisión.

Sostuvo que es "una defensora de las libertades, incluida la de expresión” e indicó que "la defensa de esa libertad debe ir con un paquete completo de derechos, como el de las mujeres a una vida libre de violencia, incluida la política”.

En este sentido, señaló que periodistas ejercieron violencia política de género contra la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, Célida López, y recordó que no es un caso aislado pues en 2015 aparecieron mantas con frases machistas, violentas y discriminatorias, que aludían a la participación de mujeres sonorenses en la política. 

Evocó también la violencia que se ejerció en contra de la hoy senadora Lily Téllez y de la candidata a la alcaldía de Caborca, Patricia Azcagorta, ambas durante la campaña de 2018 y dijo que "si no actuamos con fuerza, legalidad, asertividad ante casos de violencia política contra las mujeres, estos casos se seguirán dando”. 

Subrayó que hacer valer los derechos de las mujeres “es una obligación que tenemos quienes velamos por las leyes, pero también como sociedad; castigar estos hechos es hacer cumplir la ley, hacer valer los derechos de las mujeres y educar para una sociedad más respetuosa y simétrica, en el que se destierre el lenguaje machista, misógino y patriarcal de los medios de comunicación, así como del ámbito público y privado”.

La legisladora sonorense destacó que entre los trabajos de la comisión que preside está tipificar los delitos de violencia política contra las mujeres y penalizarlos.

La diputada federal de la fracción de Morena hizo alusión al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, “señalar la violencia política contra las mujeres no se trata de una percepción personal o de una queja exagerada; existe un protocolo que enumera en qué momento podemos hablar de violencia política”.

Según dicho protocolo, en México la violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público.

Aunque la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro aceptó que este delito no está tipificado, resaltó que “la Constitución sí reconoce el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su Artículo 35; y al tratarse de derechos humanos, también deben respetarse los principios por persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Finalmente, puntualizó que “cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar según los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.