Dallas, (Notimex).- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos otorgó un contrato de 145 millones de dólares para la construcción, a partir de febrero próximo, de un sistema de dique y barrera de 9.6 kilómetros en la frontera del condado de Hidalgo, Texas, con México. 

El plan para construir el sistema de dique y barrera no se asemeja a ninguno de los prototipos del muro fronterizo contemplado en los planes del presidente estadunidense Donald Trump, informó la CBP en un comunicado.

Precisó que el proyecto incluye la construcción e instalación de infraestructura táctica, con un dique de hormigón armado y postes de acero de 5.5 metros de altura, instalados en la parte superior de la estructura de cemento sobre la ribera norte del Río Bravo.

El proyecto también incluye tecnología de detección, iluminación, videovigilancia y un camino de patrullaje, que será paralelo a la barrera sobre el dique.

La CBP explicó que el proyecto se encuentra dentro del área de responsabilidad del sector de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande y de su estación en McAllen, en el condado de Hidalgo, Texas.

El sector del Valle del Río Grande “sigue siendo un área de alta actividad ilegal a través de la frontera”, aseguró.

La dependencia señaló que en este sector, la Patrulla Fronteriza detuvo -a lo largo del año fiscal 2017- a unos 137 mil inmigrantes indocumentados y confiscó 117 mil kilogramos de marihuana y aproximadamente 540 kilogramos de cocaína.

El nuevo sistema de diques y barreras “servirá como un impedimento para las organizaciones criminales transnacionales, al tiempo que permitirá el acceso a los dueños de propiedades, otros funcionarios federales, estatales y locales, así como agentes de la Patrulla Fronteriza y personal de respuesta a emergencias”, agregó.

Grupos ecologistas han interpuesto al menos tres demandas contra la administración de Donald Trump, en la que objetan su facultad de ignorar decenas de leyes ambientales a fin de acelerar la construcción de vallas a lo largo de la frontera con México.

Las demandas, que están pendientes en las cortes federales, sostienen que el gobierno federal no tiene la autoridad para anular leyes que protegen el aire limpio, el agua, las tierras públicas y la vida silvestre en las zonas fronterizas.